En los días que siguieron al 11 de septiembre de 2001, el vicepresidente estadounidense, Dick Cheney, y su círculo de consejeros decidieron que la Agencia Nacional de Seguridad (ANS), una especie de CIA supersecreta con tecnología militar, escrutase todas las llamadas telefónicas y correos electrónicos que circulasen dentro del país norteamericano. Sólo la firme oposición de los abogados de la agencia, convencidos de que incurrirían en la ilegalidad, logró limitar las escuchas sin orden judicial a llamadas procedentes del exterior.

La noticia publicada ayer por el diario 'The New York Times' coloca a Cheney en el centro de un nuevo escándalo de abuso político, que se suma al que se desarrolla en los tribunales por haber revelado la identidad de la espía de la CIA Valerie Plame, en represalia por la posición crítica de su marido, un embajador implicado en la búsqueda de pruebas sobre la existencia de armas de destrucción masiva en Irak.

El tema de las escuchas telefónicas salió a la luz en diciembre pasado, pero se agudizó el jueves cuando el diario 'USA Today' reveló que el Gobierno mantiene un registro de llamadas realizadas exclusivamente dentro del país, sin pruebas de que sus usuarios tengan alguna conexión con el terrorismo.

Tras el 'caso Watergate' se creó en 1978 una ley para limitar los oídos del 'Tío Sam' a operaciones de inteligencia en el extranjero, que exige órdenes judiciales antes de efectuar cualquier escucha dentro de EE UU. En contra de ella, Cheney no sólo decidió que el Gobierno tenía autoridad para saltársela sino que era su obligación hacerlo, contaron al rotativo neoyorquino dos fuentes involucradas en las discusiones. «El equipo del vicepresidente presionó y presionó, lo que obligó a los abogados de la NSA a marcar los límites y decir absolutamente no», contó uno de los altos funcionarios gubernamentales que hablaron desde el anonimato.

Violación de privacidad

El límite que los abogados creyeron poder defender en caso de que saliese a la luz era que quien hiciese o recibiese la llamada se encontrase en suelo extranjero. Más tarde la colaboración de las grandes compañías telefónicas sirvió para que Washington obtuviese información sobre todas las llamadas nacionales sin necesidad de interceptarlas o pedir orden judicial. Una de ellas, AT&T, se encuentra en los tribunales acusada de violar la privacidad de sus clientes.

Cheney ya ejerció de jefe de Gabinete del presidente Gerald Ford, quien precisamente sucedió a Richard Nixon cuando éste tuvo que dimitir por las escuchas telefónicas. En declaraciones a la prensa que viajaba con él durante los días de diciembre en que se reveló el nuevo escándalo, el actual vicepresidente consideró que las atribuciones del presidente se encuentran injustamente limitadas por los efectos del Watergate.

Cheney considera que las restricciones legales introducidas en ese momento «sirvieron para erosionar la autoridad que el presidente necesita para ser eficaz, especialmente en áreas de seguridad nacional». En su opinión, aquellas leyes resultan hoy anacrónicas y se ven superadas por la votación del Congreso tras el 11-S, cuando los legisladores autorizaron al presidente a hacer «lo que fuese necesario» para evitar nuevos ataques.