Gobierno y partidos vascos coincidieron ayer en negar la capacidad de ETA para «tutelar» o «condicionar» el proceso de paz abierto en Euskadi y en instar a la organización terrorista a que abandone «para siempre» las armas, para dejar así paso a un debate en el que sólo tomarán parte los grupos políticos. Todas las formaciones, excepto el PP, mantuvieron una línea argumental muy similar a la hora de valorar el contenido de la entrevista realizada a la cúpula de la banda.

El Ejecutivo autónomo apeló a los deseos de la sociedad para exigir a ETA que «abandone el recurso a la amenaza, la intimidación y la extorsión». Sin llegar a efectuar una análisis en profundidad de las declaraciones, desde Lehendakaritza se formuló una única petición a los terroristas: «que deje a este pueblo vivir y decidir democráticamente y en paz cómo desea que sea su futuro político».

Los partidos ahondaron también en esta idea, aunque ofrecieron diversos matices a la lectura de la entrevista. El PNV percibió una posible doble interpretación, según sea el destinatario del mensaje. El presidente del Bizkai buru batzar aseguró que el documento puede ser analizado en clave de «consumo interno» por quienes apoyan a la organización armada o como una intervención pública para «reforzar la postura» del presidente del Gobierno en cuanto a verificar «ese proceso incipiente de pacificación». El dirigente peneuvista reconoció estar «acostumbrado» a los ataques de ETA hacia su partido y justificó las críticas a la formación jeltzale porque el PNV, dijo, «es el espejo del fracaso de ETA» y «de la apuesta que hace 27 años» hizo la organización terrorista y la izquierda abertzale.

El secretario de Organización del PSE, Rodolfo Ares, quiso dejar claro, por su parte, que «el Estado de Derecho seguirá combatiendo las actividades ilegales» e insistió en que para los socialistas vascos lo único que «importa» realmente son «las decisiones que vaya a adoptar en el futuro» ETA sobre el cese de la violencia. Ares recordó, asimismo, que «nunca se pagará precio» político alguno por la paz.

Más contundente resultó el portavoz parlamentario del PP. Leopoldo Barreda vio evidente que la banda «no tiene intención de disolverse», sino que pretende «imponerse a la sociedad». En su valoración incidió en que ETA constata con sus declaraciones «la existencia de la extorsión económica».

Mesa multipartita

Eusko Alkartasuna, por otro lado, defendió que el «verdadero foro» para poner fin al conflicto vasco será la mesa de partidos, «conformada por todos los agentes políticos», como reivindica el lehendakari. La portavoz de la ejecutiva de EA, Onintza Lasa, reclamó al Gobierno central, en este sentido, que se constituya «cuanto antes» esa mesa multipartita, «sin ningún tipo de retrasos interesados».

Por su parte, EB echó en falta «una dosis de autocrítica» en ETA al no haber reconocido en la entrevista que la violencia ha supuesto «una vulneración de los derechos humanos» y ha generado «dolor y sufrimiento». El coordinador general de Ezker Batua, Javier Madrazo, añadió además su temor a que por las declaraciones de la cúpula etarra se pueda deducir que el alto el fuego permanente no es una «tregua indefinida e irreversible» sino «un cese de violencia condicionado a que el Gobierno cumpla determinados compromisos».

El coordinador de Aralar, Mikel Basabe, censuró que la banda haya vuelto a mezclar «pacificación y normalización política» y recordó que, mientras el proceso de paz corresponde «exclusivamente a ETA y el Gobierno central, la normalización es tarea de los partidos e instituciones vascas.