El Ministerio de Economía y Hacienda conocía desde 1991 algunas anomalías contables en los balances de Afinsa y Fórum Filatélico, que incurrían en ellas 'ex profeso' para ocultar su «enorme déficit patrimonial», según las investigaciones llevadas a cabo por la Fiscalía Anticorrupción y la Agencia Tributaria. Los propios responsables del fisco sospechan que Afinsa y su proveedor único de sellos hasta mediados de 2003, Francisco Guijarro, se pusieron de acuerdo para la supuesta falsificación y/o manipulación de decenas de miles de timbres.

Los investigadores del caso coinciden en que es muy complicado concretar cuándo se tuvieron los primeros indicios de las irregularidades descubiertas en las dos sociedades de inversión intervenidas. Parece claro que el verano pasado ya se disponía de informes suficientes -la mayoría, obra de la Agencia Tributaria, junto a alguno del Banco de España- que iban en esa línea, aunque la Fiscalía aguardó hasta concluir sus pesquisas y tener 'amarrados' a los responsables.

Pero antes de esa fecha ya se tuvieron los primeros 'avisos' de que algo no iba bien en las cuentas de Fórum y Afinsa. En realidad, y dado que ambas operan de la misma forma desde hace más de 20 años, los investigadores piensan que los reproches administrativos pueden venir de lejos. El 20 de septiembre de 1996, la Dirección General de Tributos -con el PP recién llegado al Gobierno- le comunicó a la segunda de ellas que debía cambiar su método de anotar las operaciones e incluir como «auténticos préstamos» las inversiones que recibía. En este caso, el interés de los 'créditos' dados a la empresa por sus clientes consistiría en la alta rentabilidad prometida para sus depósitos.

Advertencias repetidas

Este tipo de advertencias comenzaron años antes, también por la vía de consultas hechas por las propias firmas afectadas. En julio de 1991 -con el PSOE en el poder-, el Instituto de Contabilidad y Auditoría Contables (ICAC), también dependiente de Economía, establecía con claridad que «la adquisición de activos con pactos de retrocesión no opcional» -es decir, la compra de sellos vinculada a su posterior reventa a la empresa- es, a todas luces, una operación financiera de carácter prestatario. Pero estas directrices no fueron seguidas, ni tampoco las autoridades realizaron un seguimiento concienzudo sobre el asunto.

La consecuencia, como afirman quince años después la Audiencia Nacional y la Fiscalía Anticorrupción, es que «al no aplicar a la formulación de sus cuentas un criterio financiero coherente con la auténtica realidad económica de estas entidades, se oculta el enorme déficit patrimonial que representa la diferencia entre la suma de sus compromisos -no contabilizados oportunamente en el pasivo- y el valor comercial de la mercancía (las estampillas)». De hecho, la propia Hacienda ha constatado que su contabilidad era como la de cualquier comerciante minorista que vende sellos, cuando en realidad iban mucho más allá y asumían unos riesgos muy elevados.

Otros organismos públicos también han sabido de las 'peculiaridades' de Afinsa y Fórum en los últimos años. Entre 2002 y 2003 la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) fue contactada en varias ocasiones por estas dos firmas para que aprobara sus folletos de inversiones, lo que habría aumentado la aparente 'fiabilidad' de sus productos. El instituto supervisor se negó de forma repetida por carecer de un amparo normativo legal. En la primavera de 2002, la Comisión Europea también recibió varias quejas por la forma de operar de ambas empresas, pero no intervino al considerar el asunto de competencia nacional.