El diputado de Obras Públicas y Transportes, Eusebio Melero, afirmó ayer que las directivas de la Unión Europea avalan la política de cobro de peajes de la Diputación, que ha sido cuestionada por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. La sentencia que anula la norma foral reguladora del canon ya ha sido recurrida ante el Tribunal Supremo. «No es firme y, por lo tanto, seguiremos cobrando como hasta ahora», añadió el diputado.

En sus primeras declaraciones sobre la polémica resolución judicial, Melero restó importancia a sus repercusiones y aseguró que tanto el plan financiero como los plazos de ejecución de la 'Supersur' se mantienen intactos. El recurso ha sido presentado por la Diputación, la empresa foral Interbiak y las Juntas Generales. Se calcula que el Supremo tardará «entre dos y cuatro años» en dictar sentencia.

Mientras tanto, todo seguirá tal como estaba programado. La Diputación mantendrá las tarifas establecidas y continuará invirtiendo parte de la recaudación de la A-8 en la 'Supersur' y otras infraestructuras. Éste es el aspecto que cuestiona el tribunal, al considerar que el peaje debe cubrir únicamente los gastos de conservación de la autopista. Frente a este planteamiento, Melero se apoya en directivas europeas que establecen que «el cobro del canon se puede destinar a la mejora de otras redes».

La Diputación tiene previsto iniciar las obras de la 'Supersur' en 2007, con lo que conocerá la sentencia definitiva con el tajo muy avanzado. Melero no se plantea cómo afectaría a la financiación de la nueva infraestructura un nuevo varapalo judicial. «No creo que haya que rebajar el peaje porque el sistema es el que vale. Si la sentencia fuera firme habría que hacer una revisión, pero eso es elucubrar», concluyó.