El Parlamento vasco ha rechazado la nueva doctrina establecida por el Supremo en relación con la acumulación y redención de penas a través de la sentencia dictada el pasado mes de febrero, y solicita a los órganos competentes que se aplique la ley tal y como se venía haciendo hasta entonces. Esta iniciativa, impulsada por EA, ha salido adelante con los votos del tripartito y EHAK.
El Tribunal Supremo fijó por dicha doctrina sobre redención y acumulación de penas en el denominado 'caso Parot'. El Tribunal Supremo dio la razón a este miembro de ETA responsable de 82 asesinatos en su demanda de acumular todas sus condenas que suman 4.799 años en una sola pena de 30 años, pero precisó que la redención debe aplicarse a cada condena y no a la pena de 30 años.
Parot quería acogerse a la aplicación de una redención sobre esa pena de 30 años -tiempo máximo que cualquier condenado pasa en prisión- para quedar en libertad en el año 2010 conforme al criterio que se venía aplicando hasta entonces sobre la materia, pero la resolución del Tribunal Supremo le obliga a cumplir la pena de 30 años íntegra y permanecer por lo tanto en prisión hasta el año 2020.
Los partidos nacionalistas criticaron en su día esta resolución y han vuelto hoy a plasmar su oposición a esta doctrina a través de una moción aprobada por el Parlamento vasco. La Cámara de Vitoria ha aprobado en pleno una proposición no de ley con los votos del tripartito y EHAK que rechaza la citada doctrina y pide que se deje sin efecto y se vuelva a aplicar la ley como se venía haciendo hasta principios de año.
PSE y PP, en contra
El texto sostiene que el criterio del Supremo "viene a infringir los principios de legalidad, seguridad jurídica e irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales" y llama la atención, en el apartado reservado a su justificación, sobre la necesidad de tener en cuenta el "nuevo contexto que se abre paso para lograr la paz y la normalización política" a la hora de aplicar la política penitencaria.
Los portavoces del tripartito han defendido a lo largo del debate la necesidad de aplicar la ley de forma equitativa a todas las personas y han criticado que se puedan establecer criterios diferentes o nuevos en función de la naturaleza de los delitos. Así, y tras decir que la venganza no puede ser nunca un objetivo de la política penitencaria, han defendido la legitimidad de la institución legislativa para criticar decisiones de los jueces.
PSE y PP han votado en contra de una moción que, a juicio de los populares, supone someter a debate público y parlamentario las sentencias de los tribunales que afecta al principio democrático de la separación de poderes. Los socialistas, por su parte, se han limitado a decir que acatan y respetan la resolución del Tribunal Supremo y han considerado que "todo lo demás son debates interesados".