Lasa y Urkijo acudieron a la ponencia parlamentaria, presidida por el peneuvista Íñigo Urkullu, para hacer balance del cumplimiento de las propuestas en favor de los afectados pendientes de ejecutar tras ser avaladas en dos ocasiones por el Parlamento: primero, con una inusitada unanimidad, el 25 de junio de 2003; y posteriormente, el 18 de febrero de 2005, esta vez con los votos del tripartito al haberse quebrado el consenso. La directora de Atención a las Víctimas había comparecencido ante la Cámara por última vez el pasado 1 de diciembre, cuando pronunció un durísimo discurso en el que dejaba sentado que la sociedad vasca y sus instituciones sólo recobrarían su «credibilidad» si arropaban a quienes habían sido golpeados por el terrorismo.

En esa intervención, la viuda de Juan Mari Jáuregui incidió en la necesidad de que el Parlamento apruebe una ley de solidaridad que reemplace al actual decreto de ayudas y vaya un paso más allá: el de convertirse en un «sentido homenaje» al «sacrificio» de los damnificados y un «inconfundible lugar de encuentro» para la convergencia de «todos los demócratas», por encima de su «diferencia ideológica». Esos términos figuran, casi textuales, en el plan de paz promovido por el Gobierno de Ibarretxe, que se ha comprometido a «colaborar activamente» con la Cámara para redactar una nueva ley con una «doble dimensión». Por una parte -reza el plan-, «la estrictamente material o asistencial»; y, por otra, «la moral o política».

El proyecto era una de las nuevas iniciativas recopiladas en el acuerdo parlamentario de hace un año, pendientes de ejecución por parte del Ejecutivo tripartito. Lasa y Urkijo no se explayaron sobre la constitución del grupo de trabajo interno, aunque previsiblemente concernirá a varios departamentos dado que uno de los objetivos es reconsiderar el sistema de prestaciones a las víctimas en «problemáticas cotidianas» como la educación, la salud o el empleo. Junto a ello -y eso resultaría lo más novedoso, sobre ante un horizonte de desaparición de la violencia-, el proyecto de ley incluirá un «catálogo de derechos políticos» de los afectados; es decir, la salvaguarda de su reconocimiento y la memoria de lo ocurrido. Urkijo subrayó que el proceso legislativo será «largo» y resaltó la trascendencia del consenso entre los partidos.

Guía didáctica

Aunque la materia era delicada y parte de los acuerdos parlamentarios están por cumplir, la sesión de la ponencia fue casi de guante blanco, lo que llevó a los comparecientes a congratularse del «ambiente francamente positivo» y a considerar restablecido el espíritu de pacto que presidió los acuerdos de 2003. Ambos aseguraron que la mayoría de las medidas que competen al Ejecutivo se encuentran «en curso de ejecución», como el impulso a una educación para la paz, la elaboración de una guía didáctica que lleve el testimonio de las víctimas a los centros escolares, la eliminación de pintadas «ofensivas» o la revisión de los nombres de etarras asignados a calles o plazas vascas.

Aquí, Lasa y Urkijo pidieron expresamente a los partidos que se involucren para que sus representantes municipales extiendan el reconocimiento a los afectados en todos los pueblos vascos, propuesta que compromete a Eudel. Tanto el tripartito como la oposición alabaron en la ponencia la labor desarrollada por la directora de víctimas y su equipo, con mención por parte del PSE al nuevo discurso institucional. El PP valoró también la «buena voluntad» de Lasa, pero insistió en que «no hay nada cumplido» y lo atribuyó a «la resistencia» del Ejecutivo. Santi Abascal expresó su «preocupación» por las alusiones al plan de paz de Ibarretxe, que su grupo cree «inmoral» por aludir a la problemática de los damnificados por ETA y de los presos.