Los cuatro millones de firmas recogidas por el PP en los últimos meses a cuenta del Estatut no sirvieron de nada a efectos parlamentarios. En apenas 50 minutos, el Congreso rechazó ayer la posibilidad de convocar un referéndum en toda España sobre la reforma de esa carta autonómica. Ningún grupo respaldó la propuesta por considerarla ilegal y perniciosa para la convivencia. Mariano Rajoy -que decidió defender personalmente la proposición no de ley de su grupo, algo inédito en un líder de la oposición en este tipo de iniciativas-, dejó claro que no desiste de su empeño en celebrar la consulta popular, que será un compromiso de su programa electoral en 2008.

El presidente del PP reclamó que los españoles «puedan decir si desean o no conservar su nación, su soberanía y su unidad en las mismas condiciones en que estaban cuando Zapatero accedió al poder». Para obtener ese pronunciamiento, propuso a la Cámara instar al Gobierno a preguntar en referéndum: «¿Considera conveniente que España siga siendo una única nación en la que todos sus ciudadanos sean iguales en derechos y obligaciones, así como en el acceso a las prestaciones públicas?».

Con el aval de los casi cuatro millones de firmas recogidas en apoyo de su propuesta, Rajoy se erigió en «la voz de los ciudadanos» y afirmó que están «inquietos» porque perciben que con el Estatut se produce un «escamoteo fraudulento» de su soberanía. Para el líder de la oposición, el texto catalán no surge de una demanda ciudadana, sino de la voluntad de Zapatero, que presentó como los «puros antojos de gobernante desorientado que, para dar gusto a sus socios nacionalistas y sin medir las consecuencias, piensa que puede cambiar las estructuras del Estado como quien cambia los muebles de La Moncloa».

Disgustado al ver cómo el Congreso ventilaba su iniciativa en menos de una hora -en el procedimiento habitual que siguen el resto de proposiciones no de ley-, el presidente del PP compareció ante los medios de comunicación y anunció que los ciudadanos «se pronunciarán sobre esto cuando haya elecciones en España». No aclaró bajo qué fórmula jurídica, aunque adelantó que el eje de su programa electoral en 2008 será la convocatoria de la consulta sobre «la idea de que España es una nación formada por ciudadanos libres e iguales en derechos, deberes y prestaciones».

Catalanofobia

Ningún grupo parlamentario secundó la iniciativa del PP. El portavoz de los socialistas en el Congreso, Diego López Garrido, replicó a Rajoy que su propuesta «es el antojo de una oposición desorientada» que insta a los españoles a decir «una obviedad: que España es una nación». En este sentido, ironizó con la actitud del PP y preguntó por qué «si quieren la unidad de España la cuestionan en un referéndum». Además, acusó al primer partido de la oposición de haber puesto en marcha una estrategia para extender la «catalanofobia y subir en las encuestas».

El resto de los grupos denunciaron los defectos de forma de la iniciativa. Los nacionalistas rebajaron el nivel del debate al encargar la intervención a los segundos portavoces de forma testimonial. Jordi Xuclá (CiU) dudó que el propio Rajoy «se crea» lo que allí dijo porque conoce la Constitución y la ley del referéndum. En este sentido, tildó de «inaudito» que el PP haga una propuesta «tan radicalmente opuesta a la ley de leyes».

Agustía Cerdá (ERC) lamentó que el PP induzca al presidente del Gobierno «a cometer una ilegalidad». Y el peneuvista Aitor Esteban llamó la atención sobre el hecho de que el golpista Antonio Tejero se manifestó a favor de la iniciativa de los populares.

Los cuatro millones de firmas que presentó el PP 'descansan' en un polígono industrial de Azuqueca de Henares, donde los servicios parlamentarios almacenan este tipo de documentación. Aunque el PSOE denunció que la recogida de firmas no tuvo ningún rigor, fuentes parlamentarias explican que «nadie se ha molestado en abrir» las cajas ni en comprobar su veracidad porque tampoco les serviría de nada.