Muchos se preguntaban ayer qué hacía el salón de una casa instalado en la Gran Vía de Bilbao. Miradas curiosas ante una iniciativa que de tratarse de una representación de teatro no habría tenido nunca un guión tan basado en hechos reales. Distintas plataformas contra la exclusión social se instalaron frente a la delegación del Gobierno vasco en solidaridad con Marisa Seco Rueda, una vecina de Barakaldo de 48 años que junto a su hija de 9 deberá abandonar su vivienda de alquiler el 31 de mayo.

Una cama plegable, dos sofás, una mesilla, un televisor y varias lámparas. Este fue el conjunto de enseres que Marisa trasladó desde el que durante 22 años ha sido su domicilio hasta la calle. Una ironía puesto que «ahí es dónde me veo», declaró. Desde el pasado mes de enero sus días se han convertido en una lucha sin fin. La notificación de una sentencia judicial en la que se le conmina a desalojar su casa, situada cerca de la nueva zona de Beurko, le cayó como un jarro de agua fría. «Los que han heredado el piso en propiedad quieren entrar a vivir. Entiendo que deseen ocupar lo que es suyo, lo que no me parece bien es que, después de tanto tiempo, no me ofrezcan una salida digna», explicó la afectada.

Realojo provisional

Las dos soluciones que le han sido planteadas desde el Gobierno vasco y el Ayuntamiento son la búsqueda de un alquiler libre o el realojo provisional en una pensión hasta que encuentre una vivienda de alquiler social. Hasta ahora, Marisa paga de alquiler antiguo 90 euros al mes, es receptora de la renta básica y trabaja cubriendo bajas laborales. «En Barakaldo, a pesar de haber 3.000 viviendas vacías, ya no hay alquileres por menos de 600 euros, una cantidad que no me puedo permitir porque nos desbordaría, y si nos vamos a una pensión, ¿qué pasa con nuestras cosas? Mi hija no puede estar así», critica.

Esta baracaldesa reconoce estar «completamente hecha polvo». «Me paso todo el día con la lágrima en el ojo porque no sé qué va a ser de mi vida», exteriorizó. Ayudas de emergencia para casos de este tipo, alquileres no superiores a los 280 euros y la creación de una amplia red de viviendas sociales fueron las reivindicaciones formuladas por las plataformas contra la exclusión. Marisa sólo pide un piso de renta social que evite que, a finales de mes, todas sus pertenencias acaben, esta vez de verdad, en el medio de la calle.