La batalla judicial entre la Diputación y el PP sobre los peajes de la A-8 ha llegado al Tribunal Supremo rodeada de polémica. El último motivo de discrepancia es la normativa de la Unión Europea en materia de transporte, una directiva en la que la institución foral se apoya para defender su política de financiación de infraestructuras. Este modelo, que destina parte del canon a financiar otras carreteras como la 'Supersur', ha

quedado en entredicho tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.

Los jueces han dado la razón al PP y han anulado la norma foral que regula el cobro del canon con el argumento de que la recaudación sólo debe cubrir los gastos de la propia autopista. La Diputación, que mantendrá las tarifas hasta que exista una sentencia firme, alega que su actuación está respaldada por la normativa europea.

En concreto, por la directiva conocida como Euroviñeta, aprobada el 17 de junio de 1999. En el capítulo dedicado a los peajes, reconoce la capacidad de los estados miembros para «destinar a la protección del medio ambiente y al fomento equilibrado de las redes de transporte un porcentaje del importe del derecho de uso o del peaje». En este último supuesto tendría cabida el proyecto de la 'Supersur', destinada a liberar la A-8 del tráfico de largo recorrido.

Transporte pesado

Esta directiva se refiere expresamente a «los vehículos pesados de transporte de mercancías» con un peso de al menos doce toneladas. Posteriormente se amplió su ámbito de aplicación a los que pesan más de 3,5 y se introdujeron otros cambios para «armonizar» la política tarifaria de los medios de transporte. Las enmiendas autorizan «la imposición de recargos en los peajes» cuyos ingresos deben destinarse «a inversiones de infraestructura alternativa en el mismo corredor».

La Diputación entiende que esta normativa «es de aplicación general» pese a las especificaciones sobre el tonelaje de los vehículos. El PP, sin embargo, la considera ajena al pleito de la A-8. «Se refiere al transporte pesado y no contempla los supuestos de la norma foral suspendida por el Tribunal Superior», afirmó ayer el portavoz en Juntas Generales, Carlos Olazabal.

El PP también acusa al diputado de Obras Públicas y Transportes, Eusebio Melero, de «mentir» en sus declaraciones. Melero aseguró que la empresa foral Interbiak perderá dinero hasta 2011 por el esfuerzo inversor que requieren las mejoras de la A-8. Según los datos que aportó, hasta esa fecha se espera recaudar 367 millones de euros con el peaje, pero la construcción de terceros carriles, unida a los gastos de conservación y explotación, costará unos 400. Olazabal replicó que el diputado «confunde gasto con inversión y déficit de capital con pérdidas». Como respuesta aportó la cuenta de pérdidas y ganancias de Interbiak, que en 2005 contempla un beneficio de 23,7 millones de eros.

La guerra de cifras y argumentos ya se ha trasladado al Supremo. El tribunal decidirá en dos o tres meses si admite el recurso de casación presentado por la Diputación, Interbiak y las Juntas Generales. En caso de que lo rechace, «la sentencia del Tribunal Superior sería firme y las barreras tendrían que levantarse», recordó Olazabal.

Si el proceso sigue su curso, el PP pedirá la ejecución provisional de la sentencia, con lo que se dejaría de cobrar hasta que llegara la resolución definitiva del Supremo, al cabo de entre dos y cuatro años. La viabilidad de esta opción, sin embargo, es «complicada», según expertos consultados por este periódico. El tribunal podría exigir un aval millonario para cubrir el posible perjuicio económico a las arcas forales.