Sin que se haya cumplido aún una semana de la entrada en vigor del sistema que regula el acceso y el estacionamiento en el Casco Viejo, el Ayuntamiento de Durango ha anunciado ya su intención de modificar la ordenanza y recortar el plazo de seis meses que se había dado para evaluar su implantación. El compromiso del equipo de gobierno, dado a conocer ayer por la teniente de alcalde, se concreta en un comunicado que reconoce que se están analizando las sugerencias y los «problemas» detectados, y que éstos «serán resueltos, en su mayoría, en un tiempo muy breve».

En su comparecencia ante los medios de comunicación, Aitziber Irigoras negó que este cambio de postura sea producto de las quejas recibidas ni de la campaña de firmas iniciada por Durangoko Alde Zaharra (DAZ). «La normativa presenta algunos inconvenientes, pero no podíamos conocerlos hasta ponerla en marcha», insistió. Pese a ello, la teniente de alcalde aseguró no disponer de la cifra de reclamaciones que se habían presentado en el Ayuntamiento y a la pregunta de si eran muchas o pocas respondió que «ésos son conceptos muy relativos».

Conscientes de que adoptar medidas como esta ordenanza «pueden resultar muy impopulares», Irigoras agregó que, aun así, «entendemos que es necesario aplicarlas en aras del interés de toda la ciudadanía». Al mismo tiempo, piden a los vecinos y vecinas «confianza en el alcalde y en el equipo de gobierno» en su compromiso de resolver las reivindicaciones «en el plazo menor posible».

Ya en un plano más político, el comunicado destaca que «la campaña» contra de la ordenanza busca obtener «réditos políticos». Tal y como recoge el escrito, las iniciativas llevadas a cabo parecen «tener más relación con el año que falta para las elecciones que con la realidad del problema, porque no se explica entonces cómo es ahora cuando surge la polémica» cuando la normativa fue aprobada inicialmente, con sólo tres votos en contra, en diciembre de 2004. En ese mismo sentido, la teniente de alcalde quiso puntualizar también que la ratificación de la ordenanza se llevó a cabo en abril de 2005 con el compromiso de que ésta fuera revisada «en un tiempo prudencial de seis meses».