El Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) ultima un acuerdo con el Gobierno boliviano para entregarle las acciones que gestiona a través de fondos de pensiones en las petroleras nacionalizadas Andina, Chaco y Transredes. El grupo financiero está dispuesto a ceder, tal y como ha exigido Evo Morales, esos títulos sin compensaciones económicas. Pero a cambio exige garantías totales de que el Ejecutivo del país andino se encargará del pago de las pensiones que se sufragan con esas participaciones, el llamado 'bonosol'.

Esas garantías y la fórmula para plasmarlas -de tal manera que en el futuro nadie pueda exigir al banco que pague esas prestaciones- son actualmente los únicos elementos que, según fuentes consultadas por este periódico, separan al BBVA de ceder al Gobierno las acciones que administra a través de su filial Previsión.

Los mismos medios explicaron que el Ejecutivo boliviano ha transmitido su disposición a hacerse cargo del pago del 'bonosol', pero la entidad quiere que esa postura se plasme de forma oficial para tener seguridad jurídica. Gracias a esa pensión, unos 300.000 ciudadanos con escasos ingresos perciben anualmente el equivalente a unos 175 euros.

Los servicios jurídicos de Previsión y del Gobierno de Morales negocian desde hace días. Todos los indicios apuntan a que el acuerdo es inminente. Cuando se produzca, el BBVA cederá los títulos y seguirá en el país gestionando los fondos de pensiones privados.

Marco legal

El gerente de Previsión, Ildefonso Núñez, insistió en esa posición en La Paz. Aseguró que «no hay ningún problema a la hora de entregar las acciones» , aunque destacó la necesidad de lograr una compensación que garantice seguridad jurídica. «No voy a decir que es ilegal, pero debemos llegar a un acuerdo an cuando el Gobierno interprete que actúa dentro del marco legal», concluyó. Por su parte, la aseguradora suiza Zúrich también anunció que entregará los títulos que gestiona en las petroleras.

Mientras, el consejero delegado del BBVA, José Ignacio Goirigolzarri, afirmó ayer que el futuro de los países emergentes, y especialmente de Iberoamérica, depende de que «los gobiernos defiendan con rigor el sistema democrático y cumplan las normas y los principios del Estado de Derecho moderno».