Cuando Adolf Hitler cumplió 53 años, el 20 de abril de 1942, las fuerzas de las SS del campo de concentración de Mauthausen, en Austria, decidieron ofrecerle un regalo especial: eligieron al azar a 300 prisioneros y les asesinaron, uno tras otro, de un balazo en la nuca.
Los detalles del macabro regalo de cumpleaños y el nombre de las víctimas fueron registrados minuciosamente en el llamado 'Totenbuch' (El libro de la muerte) del campo ubicado en las cercanías de Linz. Desde ayer, el volumen y otros 47 millones de documentos que contienen informaciones sobre los sufrimientos de las victimas del régimen nazi podrán ser consultados por historiadores y periodistas, interesados en conocer detalles sobre el capitulo más oscuro de la historia germana: la eliminación de la población judía y el exterminio de otros grupos sociales, como homosexuales, gitanos y minusválidos.
El llamado Archivo del Holocausto fue creado en 1946 en la ciudad germana de Bad Arolsen gracias a la iniciativa del Servicio Internacional de Rastreo (ITS), que se propuso, inmediatamente después del fin de la guerra, reunir bajo un mismo techo toda la documentación hallada por las tropas aliadas en los campos de exterminio y en los archivos nazis.
La eficiente burocracia del régimen hitleriano consignó, a lo largo de la guerra, los nombres de unas diecisiete millones de personas que murieron en los campos de concentración, pero también el de los supervivientes y de los que fueron obligados a trabajar como esclavos en tareas agrícolas y fábricas en Alemania.
'Lista de Schindler'
El gigantesco archivo de Bad Arolsen también alberga la famosa 'lista de Schindler', anotaciones de la Gestapo, informaciones sobre experimentos médicos llevados a cabo con los presos y el itinerario de los trenes de la muerte.
Durante 61 años, estos datos sólo podían ser consultados bajo la premisa de 'objetivos humanitarios' por los familiares de las víctimas. Aunque el archivo quedó bajo la tutela de un grupo de once países (Alemania, Francia, Reino Unido, Italia, Grecia, Estados Unidos, Polonia, Israel, Holanda, Bélgica y Luxemburgo), el Gobierno de Berlín se negó sistemáticamente a abrirlo a investigadores, historiadores o periodistas con un argumento poco convincente: proteger la privacidad de los muertos y sus parientes.
El tiempo, la presión de la comunidad judía y del periódico 'The New York Times', que exigió que toda la información fuera digitalizada y ofrecida a través de Internet, terminó por doblegar la resistencia alemana. Hace un mes, la ministra de Justicia, Brigitte Zypries, anunció en Nueva York que el Ejecutivo germano había decidido levantar sus objeciones y que estaba dispuesto a abrir las puertas del famoso archivo. La decisión final fue adoptada el martes en Luxemburgo por los representantes de las once naciones responsables del legado. El compromiso entrará en vigor en el marco de una ceremonia oficial que tendrá lugar en Berlín y para la que aún no hay fecha.
«Es una gran noticia», señaló la directora del centro de documentación del campo de concentración de Dachau, Barbara Diestel. «La decisión echa por tierra un argumento que nunca fue muy convincente y ayudará a disparar la duda que aún existe sobre la supuesta existencia de datos de políticos franceses que colaboraron con el régimen», añadió.