Las principales formaciones se esforzaron ayer en recalcar su respeto hacia la decisión del Tribunal Superior del País Vasco de suspender por tres años la pena de prisión impuesta a Arnaldo Otegi. Hasta el PP vasco quiso restar trascendencia a una resolución que, según su portavoz parlamentario, Leopoldo Barreda, «no es criticable por sí misma».
La reflexión lanzada por el dirigente del PP supone una cierta novedad en el discurso de esta formación, que ha venido reclamando de manera constante una aplicación estricta de la ley en los casos en los que está implicado el portavoz de la ilegalizada Batasuna. Sin embargo, en esta ocasión, Barreda relativizó la decisión adoptada por el TSJPV y destacó que el auto está «suficientemente justificado». En este sentido, aclaró que es «cierto» que no hay más sentencias firmes -como alega el tribunal-, pero también recordó que se trata de una postura «revisable» en función de cómo se desarrollen los acontecimientos. En declaraciones a Europa press, Barreda añadió que su partido respeta la decisión judicial porque, en su opinión, la ley se ha aplicado «de forma similar en otros muchos casos».
Más fieles a su guión habitual se mantuvieron tanto los socialistas como el PNV. El portavoz del PSOE en el Congreso, Diego López Garrido, afirmó que, «como en todos los casos, manifestamos nuestro acatamiento y nuestro respeto» a las resoluciones judiciales. Además, recordó que el propio fiscal apoyó esta decisión por entender que no había suficientes elementos de peligrosidad. Sin embargo, quiso aclarar que la postura del Tribunal Superior no está relacionada con la posibilidad de que Otegi pueda presentarse a elecciones, ya que Batasuna fue ilegalizada, «no ya por la vía penal, sino por una vía constitucional, la Ley de Partidos».
«Razonable»
Desde el PNV, su presidente, Josu Jon Imaz, consideró «razonable que la Justicia, en el margen que tiene, trate siempre de interpretar la ley a favor de las personas, de la libertad y de los derechos humanos». Agregó que desea que «nunca se lleve a cabo» el encarcelamiento de Otegi «por el hecho de expresar unas opiniones, con las que se puede discrepar pero que forman parte del discurso político de una persona». También Aralar y Ezker Batua hicieron una valoración positiva.
La visión más crítica la ofreció el presidente de la Asociación de Víctimas del Terrorismo. Francisco José Alcaraz opinó que, en este país, «las decisiones de cuatro encapuchados y de una banda de terroristas están por encima del Estado de Derecho y de la aplicación de las leyes». Por su parte, la Asociación judicial Francisco de Vitoria consideró «normal» la postura del TSJPV.