Eduardo Zaplana , portavoz del PP en el Congreso y ex presidente de la Generalitat valenciana, presentó ayer ante el Tribunal Superior de Justicia de Valencia una querella por calumnias e injurias graves contra los dos diputados autonómicos del PSPV-PSOE y los dos empresarios que le implicaron en el cobro de comisiones ilegales durante la construcción del parque temático Terra Mítica de Benidorm, ciudad de la que fue alcalde. Los parlamentarios ratificaron ante el fiscal sus declaraciones.

La querella de Zaplana considera falsos los hechos que los denunciantes le atribuyen. El portavoz popular calificó de difamatoria la denuncia y reprochó a los diputados socialistas Josep Camarasa y Antoni Such no haber contrastado y probado las acusaciones de los empresarios que hablaron del cobro de comisiones ilegales antes de acudir a los tribunales.

Los parlamentarios iniciaron los contactos con los dos empresarios por iniciativa de éstos el pasado diciembre. En dichos encuentros, los empresarios contaron que Zaplana había sido beneficiario en varias ocasiones del cobro de comisiones por obras de jardinería realizadas en el parque de Benidorm, obras cuyas facturas se habían emitido por un valor muy superior al coste real.

Los políticos comparecieron ayer en la Ciudad de la Justicia de Valencia a petición de la fiscal del caso, Carmen García, cuya intención era conocer más detalles acerca de la grabación de las conversaciones con los dos empresarios. Los diputados declararon por separado y su comparecencia se prolongó durante tres horas.

«Queremos saber la verdad, dónde están los 17.000 millones de Terra Mítica, y también queremos saber quién se los ha llevado», explicó a las puertas de la Fiscalía Antoni Such, uno de los denunciantes y diputado del PSPV-PSOE. Su compañero Josep Camarasa también lamentó la falta de información acerca del parque temático. «Llevo 3 años tratando de investigar en las Cortes qué ha pasado con eso, sin éxito. Y he tenido conocimiento de una manipulación para inflar las facturas del parque y lo he puesto en conocimiento de la Fiscalía», dijo.

Por su parte, el presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, salió en defensa de su antecesor en el cargo y puso en duda la legalidad de la grabación. El PP ha solicitado la comparecencia de la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, para que explique el envío desde Moncloa de mensajes SMS dirigidos a periodistas y en los que se informó el pasado viernes de la denuncia contra Zaplana.