La Consejería de Medio Ambiente del Gobierno vasco ha querido ser la primera en adherirse a Ekopass, una asociación sin ánimo de lucro que mediante proyectos de reforestación, implantación de biocombustibles y eficiencia energética pretende compensar el exceso de emisiones de CO2, el principal gas de efecto invernadero.
La iniciativa consiste en que organismos públicos, empresas y particulares aporten de forma voluntaria diez euros por cada tonelada de CO2 que emitan a la atmósfera. Ese dinero se destinará a financiar estas actuaciones. Así, con los 35.000 euros (que corresponden a las emisiones por desplazamientos laborales del personal de Medio Ambiente en los próximos tres años) que aporta la Consejería se va a reforestar con 36.500 árboles una parte de Kenia. Allí, las mujeres adscritas al 'Green Belt Movement', organización liderada por la premio Nobel de la Paz Wangari Maathai, se encargarán de la plantación.
Se trata de un proyecto solidario, ya que en Kenia la superficie arbolada no llega al 10% de su territorio, que debe servir además para mejorar la situación de las mujeres en ese país. «Todos los proyectos que se financien con dinero público se realizarán fuera del País Vasco», dijo ayer la consejera Esther Larrañaga, «y deben tener un componente solidario y encaminado a conseguir la igualdad de género».
Lejos del objetivo
En estos momentos, el País Vasco supera en un 20% las tasas de CO2 establecidas en el protocolo de Kioto. Los datos para el conjunto de España son aún peores. Por ello es importante que «cada cual aporte su granito de arena», animo Iñaki Barredo, presidente de Ekopass, quien recordó que «aunque la mejor manera de cumplir es reducir las emisiones, esto no siempre es posible». Muchas personas deben desplazarse a diario a sus puestos de trabajo y el transporte público no siempre existe o es una alternativa. En otros casos las empresas simplemente no pueden dejar de producir.
«Lo primero es saber cuántas emisiones generamos cada uno y tratar de reducirlas», propone Ekopass. Para aquellas que son inevitables existe la posibilidad de «reciclarlas». Esto es, llevar a la práctica iniciativas que «saquen de la atmósfera esos gases. Unas actuaciones, además, que no importa que se realicen aquí o en África, porque repercuten igual en el medio ambiente», recordó Barredo, quien confía que en breve el resto de organismos públicos, así como las empresas y muchos particulares, se sumen a la iniciativa.
El Gobierno vasco considera la lucha medioambiental como una prioridad que se materializó con la puesta en marcha en enero de la Oficina Vasca de Cambio Climático. Desde ella se intenta reducir las emisiones de los gases de efecto invernadero, cumplir con las exigencias del Protocolo de Kioto y adaptarse a los efectos derivados del cambio climático.