Sesenta afectados por el 'síndrome del aceite tóxico' iniciaron ayer un encierro indefinido en las oficinas de la Seguridad Social de la calle Coruña en Madrid para denunciar el «abandono» de los enfermos y el «olvido institucional» al que se consideran sometidos. Han transcurrido cinco lustros desde que saliera a la luz el brote epidémico del aceite de colza adulterado que en pocos meses sumaría 20.000 enfermos y hace apenas unos días que el Gobierno, condenado en 1989 como responsable civil subsidiario, ha liquidado las últimas indemnizaciones. El Ejecutivo ha dado por finiquitadas parte de las ayudas sociales fijadas para los enfermos, así como la investigación científica sobre una enfermedad «de evolución impredecible», según la definición dada por la Organización Mundial de la Salud.

Los afectados encerrados, que dicen representar a las 17.000 víctimas que hoy sobreviven con las secuelas del envenenamiento (el 10% tiene una invalidez permanente reconocida), creen que «con los pagos no se termina el asunto». Exigen su inclusión en la Ley de Solidaridad con las Víctimas del Terrorismo, lo que implica el aumento de las prestaciones económicas que actualmente reciben y para las que, en su caso, se tomó como base el salario mínimo interprofesional vigente en 1981, año en que se desató el fraude, y nunca hasta la fecha se volvió a actualizar.

Así lo han hecho saber en el último mes a todos los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados. La Coordinadora Nacional de Asociaciones de Afectados por el 'síndrome' les ha remitido un documento de treinta páginas que recoge un resumen de los 25 años transcurridos y una solicitud «para ser recibidos a la mayor brevedad posible por algún representante político con autoridad para tomar decisiones», señaló ayer Juan Antonio Sánchez, portavoz del colectivo.

25 años movilizados

Éste no es el primer encierro que protagonizan los enfermos. Prácticamente todas sus reivindicaciones han estado precedidas de movilizaciones, como acampadas en plena vía pública o la ocupación de oficinas. A última hora de la tarde, los encerrados mantenían la esperanza de no ser desalojados. «El director de las oficinas ha dicho que no nos van a sacar a la fuerza», señaló el portavoz, quien espera que sus demandas «sean atendidas pronto».