Los trabajadores de las cuatro factorías en fase de privatización de Izar tendrán garantías de estabilidad laboral durante los diez años siguientes a la venta de las instalaciones. Así se establece en el acuerdo que ultiman los sindicatos y la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi), según informaron a EL CORREO fuentes cercanas a la negociación. El nivel de cobertura del grupo público a esos empleados ha mantenido paralizado el proceso de venta durante casi dos meses. Su resolución abre la puerta a una inminente adjudicación de los centros afectados: los astilleros de Sestao, Gijón y Sevilla, y la fábrica de motores de Manises (Valencia).

Aunque todavía no se conoce de manera oficial quiénes serán los nuevos propietarios de las plantas, fuentes cercanas a la operación han señalado que la Sepi ya ha comunicado telefónicamente el resultado del concurso a las firmas que han participado en él. Según había ya trascendido hace algunas semanas, Construcciones Navales del Norte (CNN) -un consorcio liderado por Astilleros Murueta e Ingelectric- se hará con el control La Naval, de Sestao, aunque fracasa en su intento de quedarse con la factoría de Gijón, que será asignada a un grupo encabezado por Vulcano. Además, Astilleros de Huelva-Boluda se quedará con la de Sevilla, mientras que la de motores de Manises será entregada al único postor: Ros Casares.

Antecedentes

Las garantías de la Sepi a los trabajadores afectados por la privatización tienen ya antecedentes en otras empresas, como Babcock. En ese caso, fueron firmadas por cinco años. Aunque quedan aún numerosos detalles por ultimar en el acuerdo entre las centrales y la sociedad estatal, fuentes próximas a la negociación indicaron que la protección pública se plasmará a través de cuatro vías en el caso de que alguna de las empresas adjudicatarias atraviese dificultades que le lleven a reducir el empleo.

Por un lado, se establecerán jubilaciones anticipadas a los 52 años para los empleados que se queden sin trabajo. Además, se aplicarán medidas de recolocación en otras empresas de la zona, a través de programas similares a los ya puestos en práctica en el sector desde hace dos décadas, y una política de bajas incentivadas. Por último, las centrales reclaman la posibilidad de reintegración a los centros del grupo público Navantia -los astilleros ubicados en Galicia y Cádiz, que se dedican a la construcción naval militar- de los operarios que no hayan encontrado una salida con las fórmulas anteriores.

Otro ajuste en La Naval

Pero el pacto incluye también otros extremos, como el ajuste de plantilla que será necesario en el caso de La Naval. En las otras tres plantas no habría grandes problemas, según las fuentes consultadas. La oferta de CNN prevé una plantilla de 340 trabajadores en Sestao, menos del 60% de los 570 existentes en la actualidad y un 30% de la fuerza laboral de hace quince meses. Aunque este punto está por cerrar definitivamente, la solución llegará por nuevas jubilaciones anticipadas para los trabajadores que tengan 53 y 52 años -no hay mayores de esa edad, ya que salieron en el ajuste de hace un año-, pero no será suficiente para adecuar la dimensión de la factoría a los proyectos del comprador.

Pese a todos los avances y a las garantías mencionadas, los sindicatos no ven con buenos ojos a dos de los adjudicatarios de los astilleros -los grupos capitaneados por Vulcano y Astilleros de Huelva-, ya que tienen «dudas sobre su solvencia financiera». Por esta causa, exigen que la sociedad encargada de analizar las propuestas de compra, Boston Consulting, elabore un «informe económico» sobre la «solvencia» de ambos postores, aunque no parece previsible que esta maniobra pueda servir para cambiar de adjudicatario, que es lo que desearían.