Resulta difícil de entender que la primera fuerza gubernamental de Cataluña, el PSC, haya planteado la campaña del referéndum de ratificación de la reforma del Estatuto como una dura descalificación del Partido Popular. El desafortunado lema elegido, 'El PP utilizará tu no contra Cataluña', además de presentar serias dudas de legalidad, puesto que la normativa electoral vigente impide que la propaganda propia se base en la crítica del competidor -idénticos límites rigen en el mundo de la publicidad convencional-, sirve para constatar hasta qué punto se ha degradado la política catalana. Algo especialmente grave si quien ha adoptado esta vía es el partido que ostenta la presidencia de la Generalitat, sobre la que recae la principal responsabilidad de que la cita del 18 de junio se celebre con todas las garantías de normalidad.

La elaboración de la reforma del Estatuto ha sido un proceso trompicado, cargado de tensiones y despropósitos, que sólo encontró un punto de sensatez y cordura con el acuerdo alcanzado entre el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y el líder de CiU, Artur Mas. Y aún así a costa de romper el Ejecutivo tripartito catalán. El resultado final ha sido un proyecto de reforma estatutaria que no goza de unánimes respaldos ni en el conjunto de España -con la abierta oposición del PP- ni en la propia Cataluña -con uno de sus 'promotores', ERC, pidiendo el voto contrario-, pero sí con el apoyo suficiente para haber superado su tramitación. Ante ello, lo lógico habría sido dar al preceptivo referéndum de ratificación un carácter solemne e institucional, con lo que podría conseguirse, de un lado, una divulgación cabal del contenido de la propuesta estatutaria y, de otro, una legitimidad incuestionable para la futura norma, una vez que las distintas opiniones hubieran tenido la oportunidad de manifestar libremente sus posiciones y de pedir, en consecuencia, el voto más adecuado a ellas. Pero con su eslogan y lo que conlleva, el PSC parece empeñado en que la cuestión se convierta en una especie de extraño y falsario plebiscito sobre Cataluña. Obviamente, no debería ser la intensidad del catalanismo lo que se dirimiese el 18 de junio, sino la capacidad de un nuevo Estatuto que debería incrementar las potencialidades que ofrecía el antiguo. Una decisión con la suficiente trascendencia como para no contaminarla con otras disputas.