La Fiscalía ha pedido a la Audiencia Nacional que condene a 276 años de cárcel a los once miembros de una célula islamista desarticulada en 2004 porque considera que pretendían atentar contra dos edificios de Barcelona que a diario albergan a miles de personas.

El Ministerio Público, que entregó ayer el escrito de calificación provisional al tribunal que los juzgará en los próximos meses, considera que los once imputados, de nacionalidad pakistaní, preparaban en el momento de su detención sendos atentados contra las Torres Mapfre y el centro comercial Maremagnum, ubicados en el puerto deportivo de la Ciudad Condal. El documento señala que se trata de «lugares frecuentados por numerosas personas y en cuyas edificaciones residen y trabajan continuamente un número muy elevado de individuos, lo que hubiera producido gravísimas consecuencias».

Durante los registros domiciliarios que se efectuaron con motivo de la redada, en septiembre de 2004, la Policía Nacional localizó un vídeo casero de larga duración en el que los sospechosos habían grabado con detalle las entradas, salidas y diversas dependencias de los rascacielos. También hallaron un mapa técnico -de distribución muy restringida- del Maremagnum, en el que habían señalado y destacado el lugar donde confluyen las canalizaciones de gas y electricidad.

El fiscal considera que los procesados pertenecen al grupo terrorista Sunni Terik, integrado en la 'Yihad Mundial'. Según las pruebas obtenidas por los investigadores, la célula se dedicó durante meses al tráfico de drogas y a otras actividades delictivas, como la falsificación de documentos, para poder enviar sus beneficios a dirigentes mundiales de Al-Qaida y a otros grupos islamistas .

Alijo de heroína

Los agentes localizaron en los registros 160 gramos de heroína, dinero en metálico y documentación que acreditaba el envío de más de 800.000 euros a los citados dirigentes de la red de Osama Ben Laden y a otros destinatarios, a través del locutorio de Mohammad Choudhry Aslam, uno de los jefes de la célula. El fiscal considera que el grupo funcionó durante meses como aparato de logística y financiación de otras células ubicadas en otros países hasta que, a mediados de 2004, tras mantener conversaciones con líderes 'yihadistas', decidió diseñar y ejecutar sus propios atentados terroristas en España.

Los procesados, que se encuentran en prisión provisional, son acusados por la Fiscalía de pertenencia a banda armada, conspiración para cometer estragos terroristas, tráfico de drogas, blanqueo de capitales y falsificación de documentos oficiales.