Pocas sesiones de las Juntas Generales han resultado tan frías como la de ayer. No por falta de argumentos para el debate, sino por cuestiones de calendario. Los grupos políticos trataron una moción sobre los problemas de tráfico que provocaron las nevadas del 27 de enero, mientras el gran tema de la política de infraestructuras, la sentencia sobre los peajes de la A-8, quedaba relegado a los pasillos. Este asunto se abordará en el pleno de junio, para el que todavía no se ha fijado fecha.

El reglamento impone su ritmo al debate político. Desde que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco anuló la norma foral que regula el peaje de la autopista, hace tres semanas, se han presentado cuatro iniciativas relacionadas con el tema. Dos del PP, que fue quien recurrió y ha planteado interpelaciones al diputado general y al de Obras Públicas y Transportes, Eusebio Melero. Ambas llevan fecha del 3 de mayo. Ezker Batua, por su parte, solicitó la comparecencia de Melero y presentó una proposición no de norma para que la institución foral acate la sentencia y rebaje las tarifas de la A-8.

Ninguna de estas peticiones se ha sustanciado, a pesar de que desde entonces se han celebrado dos comisiones de infraestructuras. Tampoco entrarán en la del próximo jueves, al igual que quedaron fuera del pleno celebrado ayer. La presidenta de las Juntas, Ana Madariaga, asegura que se ha seguido escrupulosamente el reglamento. En el caso de las interpelaciones, «hay un plazo de quince días desde que pasan por la mesa», explicó. La petición de comparecencia de Ezker Batua se presentó con carácter de urgencia, «pero no se justificó».

Mientras tanto, el conflicto ha llegado al Supremo -las propias Juntas han recurrido junto a la Diputación- y las partes enfrentadas se comunican a golpe de declaraciones y ruedas de prensa. El pleno de junio «será el momento en que explotemos», comentaba ayer en los pasillos Eusebio Melero. La Diputación ya tiene preparado su discurso, en el que acusará al PP de aplicar en otras comunidades la política de financiación de infraestructuras que denuncia en Vizcaya. Es decir, utilizar parte del peaje de una autopista para invertirlo en otras carreteras.

«Fijación obsesiva»

«En algunas adjudicaciones vinculaban el peaje a obras complementarias», añadió Melero. Como ejemplo, citó la autopista Estepona-Guadiaro, «que incluía el desdoblamiento de la carretera alternativa en un tramo de 22 kilómetros» y algunas radiales de Madrid «que incluyen tramos de la M-50». Desde el otro lado del pasillo, Jesús Isasi, del PP, negaba las acusaciones e invitaba al diputado «a que vaya y lo denuncie» si descubre alguna práctica ilegal.

En el salón de plenos, el orden del día parecía congelado. Sólo el brusco descenso de las temperaturas evitó que los rayos de sol acentuaran el desfase. El PP se quedó solo en la defensa de su moción sobre vialidad invernal, aunque, más que el contenido, los demás partidos le reprocharon su «fijación obsesiva» con Eusebio Melero, al que consideran víctima de una campaña «de acoso y derribo». En este punto el debate se caldeó, quizá como preludio del pleno que se avecina.