El acuerdo alcanzado por el Gobierno con CiU y el PNV para impulsar la reforma fiscal ha venido forzado por las circunstancias políticas derivadas del cambio en el juego de alianzas del Ejecutivo a raíz de la crisis del Estatut. El proyecto de ley presentado en el Congreso por el ministro Pedro Solbes -que reduce el tipo del Impuesto de Sociedades del 35% al 30% y el máximo del IRPF, del 45% al 43%- es razonable y moderado, aunque quizás la situación económica permitía haber ido más allá, dada la buena coyuntura por la que atraviesa España y el volumen de los ingresos fiscales.

De sus aliados parlamentarios tradicionales, Izquierda Unida y Esquerra Republicana, los que han facilitado las reformas de contenido más social, no podía esperar el Gobierno el respaldo para salvar sin problemas el trámite de enmiendas de la reforma fiscal. Por ello, el Ejecutivo de Zapatero ha buscado el pacto con los nacionalistas catalanes y vascos, más conservadores en términos económicos. El giro obligado por los apoyos de CiU y el PNV ha permitido, entre otras cosas, que la rebaja del Impuesto de Sociedades, que estaba previsto escalonar en varios años, se haga finalmente a lo largo del ejercicio próximo, o que se mantengan las deducciones por reinversiones o I+D+i.

En momentos de abundancia recaudatoria como los actuales se puede reducir el tipo impositivo sin que ello provoque merma grave en la recaudación, gracias a los incrementos esperados en las bases imponibles, lo que a su vez es consecuencia de un mayor crecimiento de la actividad. Además, un tipo menor se enmarca perfectamente en la tendencia actual imperante en el mundo y nos aproxima a las prácticas fiscales de muchos de nuestros socios europeos. La reducción del porcentaje del Impuesto de Sociedades introduce un elemento de atracción de la actividad económica que mejora las condiciones para evitar las deslocalizaciones empresariales y su temida repercusión en la pérdida de empleos.

Igualmente, el movimiento anunciado por el Ejecutivo central supone una referencia inexcusable para la reforma en curso que elaboran las tres diputaciones forales junto con el Gobierno vasco, y marca una tendencia de la que en Euskadi se debería tomar nota y actuar en consecuencia.