De la lectura de las querellas de los fiscales contra Fórum Filatélico y Afinsa se deduce una cosa muy clara: su irregular forma de proceder ha sido una constante desde que hace más de veinte años comenzaron a captar dinero. Más aún, los responsables de Fórum Filatélico coinciden con el fiscal al describir el tipo de negocio que llevaban a cabo. Sólo hay una diferencia: el fiscal señala que el dinero de los clientes era un auténtico préstamo a estas empresas y, por tanto, se trataba de una operación financiera. Fórum Filatélico afirma que se trata sólo de un contrato mercantil y que el único compromiso era vender unos sellos y comprarlos, pasado un tiempo, por un precio mayor.

Hace diez años, Afinsa hizo una consulta a Hacienda para que le aclarara de qué supuesto se trataba y el Ministerio contestó que eran operaciones financieras. La compañía decidió ignorar la recomendación, que hubiese puesto ya en evidencia en sus cuentas su incapacidad para atender los compromisos financieros adquiridos. Hacienda ignoró tam- bién aquella magnífica pista sin investigar si su recomendación había sido atendida por una compañía que estaba entonces captando ya una gran cantidad de ahorradores. Si hubiera actuado en aquel momento habría evitado miles de dramas de personas y familias que colocaron una buena parte o todo su patrimonio en las empresas intervenidas.

Es una típica operación piramidal, insostenible en el tiempo, una estafa. Pero bien consentida por todas las administraciones desde 1980. Conocida por el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que se limitaban a decir que el asunto no les incumbía al tratarse de venta de sellos, porque tampoco ellos habían leído la respuesta de Hacienda en 1996 a la consulta de Afinsa. Les preocupaba más cubrirse las espaldas ante lo que pudiera ocurrir en un futuro que el inexorable destino de las familias que confiaban en esas empresas. Una ley de 2003 le dio el control de estas operaciones al Ministerio de Sanidad y Consumo, que, lejos de iniciar una investigación semejante a la que ahora se ha llevado a cabo, se limitó a advertir del riesgo a los ahorradores. Otra vez a cubrirse las espaldas sin preocuparse por los ciudadanos.

La culminación de tanta irresponsabilidad administrativa ha sido la forma de intervención de estas sociedades: de un día para otro, aunque sus irregularidades se conocían desde hace más de un año y con la intervención de más de 350 policías. Tan preocupados con meter en la cárcel a algunos delincuentes para no crear alarma social, algunos jueces no tienen inconveniente, con ayuda de la Agencia Tributaria, en crear ellos mismos una alarma social de forma innecesaria. Si empezamos por no tener clara la diferencia que hay entre una entidad financiera y una entidad mercantil, no podremos entender qué es lo que el Gobierno puede y no puede hacer en el caso del 'timo de las estampitas' recientemente sacado a la luz por la investigación de la Fiscalía. Porque las presuntas estafas que se hayan podido cometer han de tener un desenlace jurídico, pero no necesariamente una solución económica aportada por el poder político. Los fondos de inversión, como sociedades financieras, están ga- rantizados para los inversores en las cantidades que determinan las leyes. Pero las sociedades filatélicas llamadas de bienes tangibles no están definidas como entidades financieras, sino como entidades mercantiles y, por tanto, sus clientes no están protegidos por la legislación de fondos de inversión, sino lógica- mente por las leyes mercantiles.

Si el Gobierno está estudiando, como aseguran sus portavoces, medidas de apoyo a los perjudicados en los casos de Fórum Filatélico y Afinsa, para que las economías más precarias no se resientan durante el tiempo, previsiblemente largo, que va a prolongarse el proceso judicial, debería empezar por atenerse a la legislación sobre quiebras, determinar los activos mobiliarios e inmobiliarios de las empresas e intervenir los posibles seguros suscritos para hacer frente con ellos a los compromisos asumidos con los clientes. Y, luego, introducir las modificaciones legales necesarias para incrementar en el futuro, y de ningún modo con efectos retroactivos, la seguridad en este tipo de inversiones.

Pero el Ejecutivo no puede caer en la demagogia electoralista que representaría repartir ahora unas migajas a fondo perdido ni, mucho menos, hacer pagar a la totalidad de los contribuyentes la credulidad o la imprudencia de quienes esperaban conseguir duros a cuatro pesetas, aunque se trate de 350.000 personas. El Gobierno puede también aportar los recursos económicos y técnicos necesarios para que los clientes afectados reciban la correspondiente defensa jurídica y asesoramiento gratuitos. Pero en lo que de ningún modo debe caer es en la tentación de echar tierra sobre el asunto. Que es precisamente lo que haría si facilitase las cosas para que el Estado pudiera ser declarado responsable civil subsidiario de los hechos.