El fiscal Alejandro Luzón pidió ayer al juez de la Audiencia Nacional que investiga el 'caso Afinsa' que imponga una fianza de 100.000 euros al ex director financiero de esta sociedad filatélica Emilio Ballester, al que imputa los mismos cargos que al resto de los actuales dirigentes de la empresa detenidos hace dos semanas. El magistrado Santiago Pedraz decidirá hoy la situación procesal del imputado, al que interrogó por espacio de noventa minutos.

Durante su declaración, Ballester reconoció al juez que en 2004 remitió una carta al presidente ejecutivo de la compañía ahora intervenida, Juan Antonio Cano, en la que desvelaba los problemas que había tenido para cuadrar las cuentas y ponía de manifiesto la «inexistencia de beneficios reales». La contabilidad, alertó en la misiva, contenía numerosas irregularidades que servían para ocultar pérdidas millonarias y permitían lavar la imagen de una empresa que, de fachada hacia fuera, seguía apareciendo como una sociedad sólida en la que invertir.

Según fuentes judiciales, la carta fue una especie de desahogo de Ballester ante las presiones que recibió, tanto de dentro como de fuera de Afinsa, en los años en que fue responsable del departamento de impuestos y contabilidad. El documento, una de las pruebas clave del sumario para demostrar las irregularidades de la firma filatélica, también hacía referencia a la curiosa forma en que se llevaba la contabilidad. Ballester, miembro del consejo de administración en 2002 y 2003, relató que, tras meses de reuniones, se «está muy lejos de ver cómo se cuadran las cuentas y de decidir cómo se han de hacer en el futuro». Esos cambios serían necesarios para «llegar a entender un concepto de beneficio derivado de nuestra actividad que realmente no existe, pero que se ha de explicar a terceros y del que nadie dudaba hasta la actualidad».

Pese a reconocer que denunció las irregularidades y a insistir en que ya no forma parte de la dirección de la sociedad -motivo por el que no fue detenido hace dos semanas-, el fiscal mantuvo contra él los cargos de estafa, falsificación en documento público, administración desleal, blanqueo de capitales e insolvencia punible, y reclamó su ingreso en prisión eludible previo abono de una fianza de 100.000 euros. A su juicio, no hay riesgo de fuga y de que el acusado no puede destruir pruebas al no tener ya acceso a los archivos de la sociedad.