La decisión de los ciudadanos de Montenegro de votar favorablemente a la independencia va a tener en poco tiempo consecuencias importantes para la región. De entrada, el escaso margen -55,4% frente a 44,6%- ha llevado a los unionistas a pedir otro recuento y augura difíciles acuerdos entre dos visiones nacionales radicalmente diferentes. Y, además, ni el peso demográfico de Montenegro -650.000 habitantes- ni su maltrecha economía son los mejores pilares sobre los que edificar el complejo edificio que requiere un Estado. Más complicado aún si se parte de una notable ausencia de cultura política democrática.

Serbia, que ya ha lamentado el resultado, se ha comprometido a aceptarlo como parte del compromiso negociado con la Unión Europea hace tres años, cuando se acordó que un referéndum tendría lugar y posibilitaría la independencia si votaba más de la mitad de los montenegrinos y el sí obtenía al menos el 55% de los sufragios. Las condiciones, aunque por décimas, se han cumplido y Montenegro recupera su independencia por un procedimiento al que legalmente tenía derecho porque la confederación a la que 'pertenecía' preveía tal posibilidad en su Constitución. En términos nacionales, el camino que ha decidido recorrer este pequeño Estado es una vuelta a la historia específica del viejo reino montenegrino: primero independiente y soberano, más tarde parte del Reino de los serbios, croatas y eslovenos, para después serlo de lo que se conoció como Yugoslavia y, desde ahora, recuperar nuevamente la independencia.

La Unión Europea se había limitado a exigir un 55% de votos a favor para reconocer la independencia, un baremo que ha podido alentar la posición separatista, convencida de contar con un aval europeo implícito y una vía rápida para la integración en la UE, como ya ocurrió con el caso de Eslovenia. Unas expectativas que están lejos de cumplirse. De momento, tras la decisión soberana de sus habitantes, Montenegro tendrá que encarar una realidad dura, con una economía que no genera un nivel suficiente de empleo ni garantiza los servicios básicos de sanidad y educación e, incluso, con la posibilidad de que su negociación con la UE -en clara crisis institucional- se retrase más allá de sus deseos. De lo que no hay duda es de que con esta decisión, pendiente de ratificación oficial, desaparece el último vestigio de la antigua Yugoslavia -a excepción de lo que pueda ocurrir con la provincia serbia de Kosovo, hoy bajo tutela de la ONU- y se apuntan en el horizonte nuevos y muy complejos retos.