El proyecto de reforma del Estatuto de Andalucía fue admitido a trámite ayer en el Congreso, con el voto en contra del Partido Popular, que ya se había pronunciado de igual modo en el Parlamento andaluz junto al Partido Andalucista, pese a lo cual la propuesta consiguió el preceptivo respaldo de los tres quintos de la Cámara autonómica.

No es una buena noticia que la reforma del Estatuto andaluz no cuente con el consenso de los dos grandes partidos, que sí logró el valenciano. Y se podrán repartir responsabilidades, pero es evidente que el PP ha apurado la estrategia de zancadillear la iniciativa en el principal flanco electoral del PSOE, Andalucía, tal como lo hizo en el segundo, Cataluña. Zapatero recordó ayer que la UCD labró su decadencia precisamente en Andalucía, al oponerse en 1980 a que esta región tramitase su Estatuto por la 'vía rápida' del artículo151 de la Constitución; sin embargo, es claro que las causas de la actual oposición popular al proyecto estatutario son bien distintas, no tan estructurales como entonces, sino más coyunturales, por la radical confrontación en que viven instalados PP y PSOE en todos los ámbitos en que tienen oportunidad de colisionar.

El proyecto de Estatuto andaluz que ha sido tomado en consideración por la Cámara Baja del Parlamento español, y que ahora seguirá el mismo trámite que el catalán, adolece de algunos de los defectos del nuevo Estatut. Sin embargo, tiene la virtud de imponer al futuro Estado de las Autonomías una saludable simetría 'federalista', que se hace explícita al proclamar la multilateralidad del sistema de financiación. En este marco, el acuerdo de las dos fuerzas mayoritarias, PSOE y PP, no debería ser imposible, y desde luego el incumplimiento de ese objetivo no se justificaría por el solo hecho de que en el preámbulo se incluya una afirmación tan inocua y escasamente beligerante como la de que «La Constitución española, en su artículo 2º, reconoce la realidad nacional de Andalucía». A la propuesta estatutaria andaluza le aguarda un largo trámite, en ponencia, en la Comisión Constitucional y en plenario, durante el cual es perfectamente posible que se limen aristas y se logre ese acuerdo. La solidez del Estado se basa sobre todo en la firmeza del consenso originario, no sólo el constitucional sino también el que alcanza a las grandes normas que definen la estructura del modelo administrativo-territorial.