Las víctimas del terrorismo tienen derecho a participar activamente en el proceso abierto a raíz de la declaración de alto el fuego de ETA, pero su condición no les otorga un «plus» de decisión política. Ésta fue una tesis común a tres de los ponentes que debatieron ayer sobre 'El papel de las víctimas en el proceso de paz', un coloquio organizado por la Facultad de Derecho de la Universidad de Deusto y el Colegio de Abogados de Vizcaya.

Jonan Fernández, ex coordinador de Elkarri; Txema Urquijo, adjunto a la dirección de atención a las víctimas del Gobierno vasco; y el catedrático Xabier Etxeberria, director del Aula de Ética de Deusto, coincidieron en esta apreciación.

Etxeberria puntualizó que a los afectados por la violencia etarra les corresponde una «función crítica de seguimiento, pero no de decisión», al entender que ese papel queda reservado a las instituciones, además de advertir de que la reparación de su memoria no debería verse «quebrada», por ejemplo, con homenajes «a los victimarios excarcelados». Para Fernández, actual responsable del Centro por la Paz de Aranzazu, otorgar «derechos ilimitados» a las víctimas por el hecho de serlo es un «error fatal» que genera «falsas expectativas» en los damnificados. «Es un error hacer vivir a la víctima pendiente de una deuda que nunca acabará de cobrar», insistió. Puntualizó que «el arreglo de un conflicto no puede confundirse con la venganza» y que «nadie tiene la exclusiva del sufrimiento» porque existen padecimientos «dispares» en la sociedad vasca «y todos deben ser tenidos en cuenta».

Urquijo hizo hincapié en la «deuda moral histórica» contraída con las víctimas, tras admitir de forma «incuestionable» que la sociedad «les ha dado la espalda» durante muchos años. Tras destacar la necesidad de que el reconocimiento a las víctimas se plasme en un gran acto en el que participen «todos los organismos vivos de la sociedad vasca», subrayó que su papel debe ser el de «fedatarios de la deslegitimación de la violencia». En su opinión, la memoria de las víctimas debe servir como «garantía» de que el proceso de final del terrorismo se realizará «sin transacciones», aunque ni eso ni el reconocerlas como víctimas «políticas» suponga concederles ningún tipo de «plus».

María Oianguren, de Gernika Gogoratuz, ubicó a las víctimas como «sujetos de paz» en un proceso que, dijo, debe ser también de «reconciliación» y José María Múgica, vinculado a Basta Ya y militante del PSOE, opinó que no hay proceso de paz sino «combate por la libertad» y que debe haber vencedores y vencidos «en los valores».