El representante del ministerio público solicitó al término del juicio celebrado en la Audiencia Provincial unas penas que oscilan entre dos y nueve años de cárcel para tres acusados del cobro de talones que previamente habían sido manipulados. La acusación pública sostiene que todos ellos formaban parte de una red criminal con diversas ramificaciones en diferentes puntos de España y que al menos dos de los tres imputados figuraban en el listado de la 'Operación Camocha' cuya desarticulación perseguían las Fuerzas de Seguridad del Estado.

En la sesión de ayer testificaron diversos empleados de Ibercaja, Caja de Ahorros de Navarra y Banco Atlántico, entidades de Rincón de Soto, Alfaro y Calahorra en las que los tres procesados cobraron cheques o talones que habían sido manipulados, previa presentación de documentos de identidad en los que aparecían las fotos de los imputados, aunque con nombres de otras personas.

Todos ellos se ratificaron en el reconocimiento fotográfico de los acusados, a quienes llegaron a entregar una suma global que asciende a 22.500 euros, casi siempre mediante talones cuya cuantía oscilaba entre las 400.000 y las 500.000 pesetas.

Ante el plenario declararon también dos peritos, quienes describieron los pasos seguidos para la manipulación de los talones y de las cartas en las que supuestamente se acreditaba a los acusado para retirar talonarios.

En relación al procesado que fue detenido en las mismas dependencias del Banco Atlántico de Calahorra, el guardia civil que practicó su arresto mantuvo que lo llevó a cabo después de que el acusado hubiera presentado al cobro un cheque, y no antes como sostuvo este imputado en su declaración del primer día.

El fiscal mantuvo los cargos contra los tres acusados como autores de un delito continuado en documento oficial y mercantil y por un delito de estafa, en tanto que la defensa solicitó la absolución de sus tres patrocinados. En dos casos por considerar que sus clientes ni tan siquiera estuvieron en el lugar de los hechos, y en el tercero por estimar que su actuación obedeció a un «miedo insuperable», producto de las amenazas telefónicas que había recibido dirigidas contra sus familiares.