"El Gobierno no tiene el aval de mi partido para negociar nada con ETA porque si no estamos legitimando el terrorismo para hacer política", ha proclamado en su discurso ante el grupo municipal del PP de Madrid. Ha repetido la doctrina en la que se basa su posición desde la proclamación del alto el fuego cuando se puso al lado del Ejecutivo socialista para acabar con la banda y comprobar que ha decidido dejar definitivamente las armas, "pero no pagar un precio político o poner un preso en la calle", ha advertido este jueves.
De manera implícita ha admitido que el gabinete socialista establezca contactos con ETA, siempre a los efectos de verificar el abandono de las armas, "que fue lo que nosotros hicimos y para lo que pedimos autorización en 1999", ha afirmado, en referencia a las conversaciones que mantuvieron con miembros de la banda armada los tres representantes del Gobierno de José María Aznar en Suiza.
Diferencias con Aznar
A través de las declaraciones de dirigentes de su partido o personalmente, como ha hecho en su intervención, el líder de la oposición pretende marcar a José Luis Rodríguez Zapatero el camino por el que debe moverse en este proceso si quiere ir de la mano del PP. Rajoy ha recordado cuando gobernaba José María Aznar y ETA proclamó una tregua en 1998 y ha explicado que vivió de primera mano todos los movimientos que se hicieron desde el gabinete del que formaba parte. "Conozco los antecedentes", ha apuntado. "Sé como se hicieron las cosas", ha añadido, y ha asegurado que conoce las diferencias entre el comportamiento del gobierno de entonces y el actual.
El líder del PP ha transmitido así su disconformidad con la relación que ha establecido Rodríguez Zapatero con el partido opositor porque le gustaría poder acordar con el Gobierno los pasos a dar de forma conjunta frente a las demandas o movimientos de ETA. "Nosotros compartimos con la oposición los objetivos y el seguimiento de la tregua", ha asegurado para poner como ejemplo aquel procedimiento que ahora echa de menos y que, en toda ocasión, reprocha al presidente del Gobierno cada vez que le pide mayor claridad y lealtad.
Ante la falta de estrategia común, el primer partido de la oposición intenta presionar al Gobierno para que no ceda ante la banda terrorista y Batasuna. En esta línea, Rajoy se ha mostrado escandalizado e indignado por la rueda de prensa que celebró el partido ilegalizado, el pasado miércoles en Navarra, para dar a conocer a sus representantes en una futura mesa de negociación política.
Reacción
"Exijo al Gobierno una reacción jurídica y política", ha dicho, y ha vuelto a reclamar la intervención inmediata del fiscal general del Estado para investigar el acto de Batasuna, como pidió el pasado jueves el responsable de Justicia y Seguridad de su partido, Ignacio Astarloa. Al mismo tiempo, ha indicado que la obligación del Gobierno es garantizar que el Estado de derecho siga funcionando, así como las fuerzas de seguridad y el Ministerio Fiscal.
Además de la actuación en el terreno judicial, Rajoy considera imprescindible una respuesta política del gabinete de Rodríguez Zapatero a las amenazas planteadas por Arnaldo Otegi porque, a su juicio, no sólo le corresponde gobernar sino también "transmitir principios y valores, si es que los tiene".
A su juicio, los ciudadanos, necesitan que el Gobierno "les diga algunas cosas" aunque, ante el silencio del Ejecutivo ha anunciado que él mismo, como líder de la oposición, está dispuesto a asumir esta responsabilidad. En consecuencia, ha marcado los límites de lo aceptable para su partido en este proceso, ha recordado que sólo admite la verificación de la voluntad de ETA de abandonar las armas pero no transige en el pago del más mínimo precio político y rechaza asimismo cualquier excarcelación.
Así, ha afirmado que el PP apoya al Gobierno, tal y como le trasladó al presidente del Gobierno en la reunión que mantuvieron en el Palacio de la Moncloa el pasado 28 de marzo, para que éste verifique la 'decisión irreversible' de ETA de dejar las armas que fue, continuó, "lo que nosotros hicimos y para lo que pedimos autorización" en 1999.