El País Vasco ha superado sin problemas el primer año de vigencia del mercado de emisiones de CO2, creado para cumplir con los objetivos del Protocolo de Kioto. Sólo 11 de las 56 instalaciones energéticas e industriales incluidas en este sistema superaron el pasado año la cuota de emisiones asignada por el Gobierno central, lo que les obligó a comprar derechos para cubrir el excedente de contaminación.

Los datos proceden del balance de 2005 elaborado por el Ministerio de Medio Ambiente sobre el funcionamiento de este mercado, cuyo punto de partida es el Plan Nacional de Asignación (PNA) de derechos de emisión. En este documento, vigente hasta 2007, a cada instalación se le atribuye una cuota de emisiones de CO2 y, si supera el límite establecido, tiene que comprar derechos por el exceso de contaminación. De lo contrario, será sancionada. Para simplificar, no se van a hacer cuentas cada año, sino que se va a pasar examen al final del trienio, de forma que el déficit de un ejercicio se puede compensar con la plusvalía de otro.

En el conjunto nacional, a las 800 plantas energéticas e industriales incluidas en el PNA les fueron asignados derechos gratuitos para 171,9 millones de toneladas de CO2. Las emisiones alcanzaron los 182,8 millones de toneladas, con lo que excedieron en un 6,3% el límite. Fue por tanto necesario acudir al mercado para comprar derechos para casi 11 millones de toneladas, cuyo valor ha llegado a alcanzar los 30 euros la tonelada. Ahora cotiza en torno a los 19.

Menores emisiones

En el País Vasco, este régimen afecta a 56 instalaciones que recibieron el año pasado derechos gratuitos para 11,357 millones de toneladas de CO2. Pero las emisiones reales han sido inferiores a esa cifra, al sumar 11,18 millones. La diferencia se pudo vender en el mercado. De las plantas afectadas en Euskadi, hubo once que sobrepasaron el límite de derechos asignados. Entre ellas destacan las centrales de generación de electricidad de Santurtzi, que utiliza el fuel como materia prima, y la de Pasaia, que usa carbón. Ambas pertenecen a Iberdrola.

En el caso de la de Santurtzi, las emisiones en 2005 triplicaron la cuota asignada, al sumar 680.071 toneladas de CO2 cuando había recibido derechos para 223.581. La central de Pasaia liberó 1,328 millones de toneladas, un 16% más del límite establecido.

Iberdrola justificó este desajuste en que la sequía sufrida en 2005 obligó a que las centrales de carbón y fuel funcionaran más horas de las previstas. De hecho, a escala nacional, el sector eléctrico ha sido el que más se ha alejado de su cuota al superarla en 15 millones de toneladas. Al resto de ramas industriales incluidas en el PNA les han sobrado los derechos gratuitos de emisión.

Otra de las plantas que ha superado con creces la cuota que le fue asignada es Paperalia, pero este desfase obedece a un malentendido no resuelto todavía, según explicaron a este periódico fuentes de la compañía. El problema radica en que la papelera de Billabona (Guipúzcoa) pidió derechos para sólo los cuatro meses que iba a estar en funcionamiento en 2005 y el Ministerio de Medio Ambiente entendió que el volumen pedido correspondía a los tres años de vigencia del PNA. En consecuencia, a la empresa se le entregó un número muy reducido de derechos gratuitos -1.432 toneladas- y sólo en el cuatrimestre en que estuvo en marcha consumió 2.475. «Hemos intentado que se subsane el error, pero todavía no lo hemos conseguido», señalaron fuentes de la firma.

Al margen de Pasaia, las otras dos instalaciones que más CO2 emiten han logrado permanecer por debajo del límite asignado. Petronor liberó 2,17 millones de toneladas de dióxido de carbono, ligeramente por debajo de la cuota establecida, y el ciclo combinado de Bahía Bizkaia sumó 1,55 millones de toneladas.

En los otros dos ciclos combinados instalados en Euskadi los resultados han sido desiguales. El de Bizkaia Energía de Amorebieta emitió algo más de la cuota -794.304 toneladas frente a 748.412- mientras que el de Iberdrola en Santurtzi quedó por debajo de su límite, con 729.934 toneladas.

El balance de 2005 es clave para el nuevo PNA que prepara el Gobierno central para el periodo 2008-2012. Se espera que entregue un primer borrador con el reparto por sectores a principios de junio ya que a finales de ese mes tiene que enviar el documento definitivo a la Comisión Europea. Las distintas ramas industriales afectadas están presionando para recibir derechos gratuitos suficientes.