El Tribunal de Defensa de la Competencia (TDC) ha sancionado a tres grandes superficies -Alcampo, Carrefour y El Corte Inglés- y a la cadena de supermercados Mercadona por concertar sus políticas comerciales. En concreto, ha fijado una multa de 75.000 euros para cada una de ellas por imponer a sus proveedores un sistema homogéneo de seguridad, a través de la instalación de etiquetas anti-hurto en las bebidas alcohólicas a cargo de las propias empresas suministradoras para todos aquellos productos que así lo justificaran por su tamaño, costo, valor estratégico y mayor riesgo de ser sustraídos.

Con esta resolución, dictada por el pleno del TDC el lunes, se pone fin al expediente iniciado en diciembre de 2002 a raíz de una denuncia de la Federación Española de Industrias de la Alimentación y Bebidas (FIAB). En las diligencias realizadas sobre este caso se puso de manifiesto que diversos proveedores de bebidas alcohólicas fueron obligados a costear un mismo dispositivo electrónico de seguridad como condición previa a que sus productos fueron colocados en los mostradores de venta de las citadas empresas comerciales.

Falsear la competencia

El tribunal establece en su fallo que este tipo de decisiones, al afectar a los costes y a las relaciones comerciales de cada distribuidora respecto a sus suministradores, «debe adoptarse con absoluta autonomía respecto al resto de competidores». «La concertación en esta actuación -añade- supone una práctica prohibida por el artículo 1.1 de la Ley de Defensa de la Competencia en la medida que puede potencialmente impedir, restringir o falsear la misma».

A la hora de fijar la sanción correspondiente, los vocales del TDC han valorado tanto la «importante presencia de mercado» de las empresas denunciadas, como el hecho de que éstas cesaron en su actitud una vez se inició la investigación por parte del Servicio de Defensa de la Competencia, dependiente del Ministerio de Economía y Hacienda, «lo que ha permitido que los efectos reales en el mercado hayan sido muy reducidos». No obstante, esas primeras diligencias fueron archivadas en junio de 2003, aunque el propio tribunal ordenó un año después su reapertura al considerar que el asunto no se había esclarecido.

Las firmas sancionadas tienen la intención de recurrir la decisión del tribunal.