Sistema retributivo vinculado a la productividad, derecho a la negociación colectiva, desarrollo de una auténtica carrera profesional, posibilidad de convertir 650.000 plazas temporales en indefinidas, y jurados técnicos y profesionales para las pruebas de acceso. Ésos son algunos de los principios recogidos en el borrador de Estatuto Básico del Empleado Público acordado ayer entre el Gobierno y los sindicatos CC OO, UGT y CSIF. La norma, asignatura pendiente de la democracia, afecta a 2,5 millones de trabajadores. Deja fuera de su cobertura a los colectivos que se rigen por leyes orgánicas como Fuerzas Armadas, Cuerpos de Seguridad o Administración de Justicia, y a otros muy singulares como notarios o registradores de la propiedad.

El documento «tiene todavía un largo recorrido», en palabras del ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla , quien prevé su entrada en vigor a principios de 2007. Los pasos a seguir se resumen en obtener el visto bueno del Consejo de Ministros, negociarlo con las comunidades autónomas y con los ayuntamientos y llevarlo al Parlamento.

No es la primera vez que el Ejecutivo y los sindicatos alcanzan un acuerdo de ese tipo. En 1998, cuando Ángel Acebes ocupaba la cartera ministerial, hubo otro borrador consensuado, que finalmente no prosperó.

Mínimos homogéneos

Sevilla insistió en que el estatuto garantizará «por primera vez unos mínimos homogéneos» y «derechos y deberes comunes» de todos los empleados públicos de las distintas administraciones. Así, la norma convertirá «la función pública en eficaz, objetiva e imparcial, regida por la profesionalidad». Reconoció que el texto «marca objetivos a los empleados públicos y mide su cumplimiento para lo bueno y para lo malo»; es decir, habrá penalizaciones en caso de bajo rendimiento y «sueldos más dignos para el mejor desempeño».

También destacó que la norma, pese a establecer un mínimo común denominador, no interfiere en las competencias de las comunidades y de los ayuntamientos. Por ejemplo, las autonomías fijarán las retribuciones específicas del puesto de trabajo de sus funcionarios. Igualmente evaluarán el interés, la iniciativa o el esfuerzo de sus empleados.

En su opinión, las comunidades gobernadas por el PP carecerán de argumentos para presentar objeciones al texto acordado. «Son muchas las voces que reclaman la modernización de la Administración. Además, no lo hicieron con el estatuto de Acebes, que era peor que éste, y no lo van a hacer ahora», ironizó el ministro.

Sin presencia

Una de las reivindicaciones que los sindicatos se han visto obligados a retirar es la de su participación en los órganos de selección y contratación de personal. No obstante, los representantes de las tres centrales se mostraron muy satisfechos por el texto consensuado. Julio Lacuerda, de UGT, resaltó que mejorará la calidad de las colocaciones públicas. Explicó que más de 650.000 eventuales se convertirán en indefinidos. Posteriormente, fuentes del ministerio aclararon que no se trata de personas, sino de empleos e informaron que aquellas administraciones que se nieguen a convocar exámenes para convertir las plazas temporales en fijas tendrán que pagar antigüedad a los trabajadores que las ocupan.

Para Enrique Fossoul, de CC OO, el avance más importante es «haber conseguido que después de 22 años, los empleados públicos tengan derecho a la negociación colectiva como el resto de los trabajadores». Por último, Ángel Lozano, de CSIF, señaló que el estatuto «cumple un mandato constitucional, es un elemento de cohesión importante para el Estado y sus tres administraciones».