El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Bilbao ha ordenado mediante un auto la «ejecución forzosa» de una sentencia anterior que obligaba a los propietarios del palacio Miramar de Algorta a presentar un proyecto para devolver al edificio su aspecto original, eliminando las reformas que habían realizado. En caso de no hacerlo, el fallo dicta la demolición de las obras.

La casa, catalogada como bien cultural por el Gobierno vasco, fue rehabilitada en 2001 con el visto bueno del Ayuntamiento de Getxo y de la Diputación. Sin embargo, las reformas no respetaron las normas de protección que afectan a este tipo de inmuebles, al modificar las alineaciones del palacete, así como el número y tamaño de las ventanas. Tras una primera sentencia, dictada en mayo de 2004, el Consistorio anuló la licencia de obras y solicitó a los propietarios un nuevo proyecto que se ajustara a la ley. En aquel momento, el Juzgado estableció un plazo de dos meses para que, «de forma voluntaria», se regularizara la situación. Pero, a día de hoy, los dueños del edificio no han presentado ningún proyecto, lo que ha dado lugar al nuevo auto judicial.

Antes del 26 de junio

Según este dictamen, los propietarios deben «presentar un proyecto legalizable» o «demoler lo ilegalmente construido» antes del próximo 26 de junio. Si se agota este último plazo, el Ayuntamiento será el responsable de la «ejecución subsidiaria» de la sentencia. Esto es, deberá sacar a concurso público el proyecto de demolición de los arreglos y restauración del palacio, para que una empresa ajena al propietario ejecute las obras.

Sin embargo, el alcalde de Getxo, Iñaki Zarraoa, ha explicado que, por el momento, «las licencias de obra para los edificios protegidos del municipio están suspendidas» y por tanto, «el Ayuntamiento no puede cumplir las ordenes del Juzgado».

Esta suspensión se debe a que en septiembre de 2004 el pleno del Ayuntamiento aprobó una modificación puntual del Plan General de Edificios Protegidos que acarrea la paralización de las licencias durante dos años. La modificación, aún no aprobada y en proceso de elaboración, elimina la prohibición de alterar las alineaciones de las construcciones protegidas, con la condición de que el proyecto «tienda a respetar» dichas alineaciones. Esto supondrá que una obra como la realizada en la casa Miramar pueda ser legal.

Los propietarios del edificio no han solicitado ninguna indemnización, ya que este derecho se activará cuando se ejecute la reforma. De hecho, en el momento que se haga efectiva la sentencia, podrán reclamar al Ayuntamiento de Getxo el coste de las obras de demolición y restauración, así como todos los daños y perjuicios que el proceso les haya acarreado.