Dos meses después del anuncio del alto el fuego las formaciones políticas se están enredando en una discusión poco útil sobre la constitución de la mesa de partidos. Son dos las cuestiones que aparentemente son objeto de discusión: por una parte, la referida al cuándo debe constituirse la mesa; por otra parte, cómo se articula y garantiza la presencia de la izquierda abertzale oficial. Parece evidente que la primera pregunta sólo puede ser abordada una vez esté encauzada la respuesta a la segunda. Es por ello por lo que no entiendo muy bien a aquellas formaciones vascas que están poniendo el acento en la inmediata constitución de la mesa cuando todos sabemos que no va haber tal acto con una Batasuna ilegal como miembro de la misma. Sólo la incorporación de la izquierda abertzale al mundo de la legalidad jurídica-formal puede hacer posible la constitución de una mesa de diálogo de todos.
Los socialistas no tendrían problemas para reconocer públicamente la realidad que estos últimos años han reconocido privadamente y que gracias a esa labor de reconocimiento mutuo, entre otras razones, tenemos ahora una situación de cese de la violencia. El PP habría perdido la madre de todas sus razones para no estar en dicho foro y, por consiguiente, tendrían que decidir por integrarse o bien practicar la autoexclusión. Desde un punto de vista democrático es bueno que Batasuna recupere la legalidad, pues ello, además de subsanar la anormalidad que representaba el hecho de que miles de ciudadanos se vieran privados de su representación política originaria, contribuiría a fortalecer la sociedad y el principio de legalidad, seguramente, tendría entre nosotros mayor aceptación.
Dicha pretensión, además de razonable, resulta imprescindible en una situación como la actual en la que el presidente del Gobierno va a autorizar el diálogo con ETA. En ese sentido, entiendo que ayudar a la izquierda abertzale a aflorar a la legalidad es una manera de contribuir al cese definitivo de la violencia, pues ello representa actualmente ofrecer a ETA una alternativa al margen de las armas. Pero es obvio que el tránsito hacia la legalización depende fundamentalmente de la propia Batasuna, y lógicamente de la imprescindible ayuda de ETA.
Dado que Batasuna no se ha planteado la condena de la violencia, parece lógico pensar que su legalización sólo puede venir del mantenimiento estricto y riguroso del alto el fuego. La izquierda abertzale debería de entender que tiene más alcance estratégico el hecho de la legalización que el cómo se consiga. Por cierto, como lo hizo hace más de veinticinco años cuando presentó sus estatutos para que la legalización fuera posible.
Sin embargo, no les veo a sus dirigentes en esa reflexión. Aunque tengo que confesar que cuando el fin de semana Otegi anunció «nuevos compromisos» para crear la mesa de partidos, me hizo albergar cierta esperanza, que ahora se ha visto frustrada al comprobar que sólo era una cuestión de 'puesta en escena'. A ellos les corresponde formular su solicitud de legalización. El PSOE con el apoyo del Congreso, tendría que asumir la obligación de encauzar esa petición con la flexibilidad y la inteligencia debida para que ese tránsito sea posible.