A la hora de enjuiciar los últimos actos acometidos por el Gobierno boliviano en defensa de sus intereses en materia de la explotación y gestión de sus recursos naturales hay dos cosas que no se deben, ni se pueden, olvidar: Evo Morales es el presidente, democráticamente elegido, de un país soberano, y todas las medidas que ha adoptado para nacionalizar los recursos de hidrocarburos las había comprometido en el programa electoral que le permitió ganar las últimas elecciones celebradas en Bolivia.

Es decir, tiene todo el derecho del mundo de hacer lo que las leyes vigentes de su país, y las internacionales que le sean de aplicación, le permitan. Además, es coherente con sus promesas y/o deseos expresados ante sus ciudadanos. Por eso, es superfluo y ocioso discutir sobre la legitimidad de sus actos, como han hecho la inmensa mayoría de los comentaristas que en este país han opinado sobre ellos. Lo que no es superfluo, lo que Evo Morales, y cualquier persona mayor de edad, sabe o debe saber es que todo acto de esa naturaleza comporta una serie de consecuencias que hay conocer, tener en cuenta y considerar sus eventuales efectos a la hora de adoptarlas. Es decir, Evo Morales puede hacer lo que desee, siempre que sea legal, pero no puede obviar lo que eso provoque.

Un problema común a todos los gobiernos populistas, de izquierda y de derecha, es su irrefrenable tendencia a cargar sobre el exterior los problemas que le aquejan en el interior. A la hora de justificar su actuación, el Gobierno boliviano, perfectamente acompañado por toda la 'inteligentsia' de izquierdas, muestra al mundo las vergüenzas de subdesarrollo que su país padece y sus habitantes sufren. Pero el hecho de ser pobre no convierte el agua en vino, ni transforma lo que es una política mala y perjudicial en algo beneficioso para su pueblo.

A la hora de distribuir las responsabilidades de una situación manifiestamente injusta y socialmente lamentable, no se puede olvidar que Bolivia es un país soberano desde 1825. Los gobernantes del país elegidos desde entonces por el pueblo boliviano, ¿no tienen ninguna responsabilidad en su situación actual? ¿Son las multinacionales las únicas causantes de la miseria que padecen? Evidentemente toda esa forma de pensar es interesada, autocomplaciente, injusta y, lo que es peor, esterilizante. La nacionalización ahora emprendida es la tercera que intenta el país. ¿Qué fue de las dos anteriores? ¿En qué medida mejoró la situación de los menos favorecidos?

Además, el programa de Evo Morales ya ha sido ensayado con anterioridad en muchos países y todos, absolutamente todos, los que han intentado a lo largo del siglo XX la nacionalización de los bienes de producción y la dirección centralizada de la economía han conducido a sus ciudadanos directamente a la miseria. No ha pasado tanto tiempo como para olvidarse de los resultados obtenidos en la Unión Soviética, en Polonia, en Bulgaria y en tantos y tantos lugares, incluida la Alemania del Este. Y, si algún desmemoriado se ha olvidado de los efectos del sistema, ahí tiene a Cuba para refrescarse las neuronas.

El camino de salida del subdesarrollo es una tarea, sin duda, ardua de culminar, pero tiene un itinerario muy sencillo de definir. Basta con hacer lo que otros han hecho antes. Si se mira a los ejemplos que existen de países triunfadores en la lucha contra la miseria veremos que hay una serie de constantes en todos ellos. España es un magnífico ejemplo. Repasemos su andadura. En primer lugar, nadie llega a estadios de bienestar apreciables si pretende trocear la libertad. La libertad es un todo que hay que aplicar tanto a la política como a la economía. Pero, como se demuestra en el caso español de la posguerra y en el chino de hoy en día, puestos a cercenar algo, es más eficiente hacerlo con la política que con la economía, exactamente lo contrario que hace Morales. Por si alguien tiene dudas, éste no es un posicionamiento ideológico, ni la sugerencia de una receta, es sólo una mera constatación empírica.

En segundo lugar, nadie llega a estadios de bienestar apreciables sin seguridad jurídica ni estabilidad política. Para la economía, mucho más relevante que el signo político del gobierno de turno -siempre que no sea extremista hacia ningún lado-, es su estabilidad y la previsibilidad de sus actuaciones. Por eso hay países gobernados por socialistas moderados que disfrutan de grandes niveles de bienestar -España, Reino Unido, Alemania hasta hace dos días, etcétera- y otros gobernados por las derechas que están sumidos en la pobreza. Pero todos los que han triunfado han aceptado y cumplen religiosamente las reglas de la libertad de mercado, de la seguridad de las inversiones, de la fiscalidad equitativa y, por supuesto, de la libertad política.

En tercero, los países que se encuentran en niveles atrasados de desarrollo económico necesitan la aportación exterior en forma de inversiones de capital, sí, pero también de tecnología y de capital humano. Y si se quiere que las personas, el capital y la tecnología fluyan en caudales apreciables hace falta todo lo anterior: estabilidad política y seguridad jurídica. Además, claro está, de un marco fiscal adecuado y unas relaciones laborales civilizadas.

Volvamos al principio. Evo Morales está en su derecho de hacer lo que ha hecho. Pero se ha saltado estas reglas y debe enfrentarse a sus consecuencias. ¿Cómo podrá atraer capitales si escupe la mano que los trae? Y ¿tiene Bolivia la capacidad endógena suficiente para acometer sola el camino hacia el desarrollo? ¿Le bastará con la ayuda de Chávez? ¿Durará ésta el tiempo necesario para que sea verdaderamente eficaz? Demasiados interrogantes para una política tan arriesgada.