«Hagan ustedes las leyes y déjenme a mí hacer los reglamentos». La sentencia atribuida al conde de Romanones fue parafraseada ayer por el secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Juan Antonio Martínez Camino, a la hora de evidenciar las posibilidades de que gozan los obispos para negociar las cuestiones esenciales sobre la asignatura de religión y los profesores que la impartirán una vez entre en vigor la controvertida Ley Orgánica de Educación. Admitió el portavoz de los prelados que «ojalá pudiéramos derogar la LOE», pero, habida cuenta de la imposibilidad, hay que centrarse en «sacar lo mejor posible»; entre otras cosas, porque «no hay más remedio».

«Confiamos en que se puedan alcanzar soluciones, que no son fáciles pero sí posibles», resumió Martínez Camino escasas horas después de que tuviera lugar en la sede del Ministerio de Educación la reunión de la comisión mixta Iglesia-Estado en materia de educación, donde ambas partes se dieron un plazo aproximado de diez días para limar en un nuevo encuentro las discrepancias existentes en aspectos esenciales. La comisión no se reunía, según Camino, desde junio del año pasado.

«Cuestiones unidas»

El subsecretario del Ministerio de Educación, Fernando Gurrea, presente en la reunión junto a la ministra, Mercedes Cabrera, señaló que los obispos creen que hay «cierta confrontación», sin precisar más, en algunos aspectos del profesorado respecto a los acuerdos firmados con la Santa Sede, y están «expectantes» ante los desarrollos normativos. Gurrea insistió en que el Ministerio y la CEE han llegado a un «principio de acuerdo para seguir trabajando» próximamente en estos asuntos. La reunión, a su juicio, transcurrió en un ambiente de voluntad de «conciliación, trabajo y acuerdo».

Preguntado por la inclusión de una alternativa obligatoria a la clase de religión, Gurrea manifestó que se está trabajando en este asunto y aún no hay una postura ministerial al respecto.

La reunión gravitó sobre el contenido de las disposiciones adicionales segunda y tercera de la LOE, que aluden a la enseñanza de la religión católica y al régimen de los profesores que imparten esta asignatura. Martínez Camino opinó que ambas cuestiones van indisolublemente unidas, «porque si cae una, cae la otra». «Si el estatuto de los profesores de religión no está bien desarrollado -es decir, si éstos no son los adecuados- no puede haber enseñanza, y si se dificulta la opción efectiva de esta asignatura, porque queda discriminada, no se podrá llevar a cabo de manera verdaderamente libre».

«Sin conflictos»

La única salida digna, dejó entrever el portavoz de los obispos, es un desarrollo normativo de la ley que mejore, al menos, el espíritu esencial de la norma. Es evidente que no les gusta, máxime cuando, a su juicio, no cumple los acuerdos Estado-Santa Sede, «pero hay posibilidades de que los derechos de ambas partes puedan ser armónicamente contemplados». Recordó, además, que la asignatura de religión «nunca ha sido obligatoria, sino optativa».

Insistió en que debe ser impartida «en condiciones equiparables a las demás asignaturas fundamentales», desde el punto de vista curricular como del horario. En definitiva, demandó «un desarrollo efectivo de la libertad de religión y de los padres para ejercer el derecho de que sus hijos sean educados de acuerdo a sus convicciones morales y pedagógicas». «En una democracia desarrollada, se puede hacer sin conflictos fundamentales», enfatizó.