El debate sobre la legalización del cannabis se ha convertido en un diálogo de sordos entre los colectivos en favor de su uso y la Administración. Así, la Federación española de Asociaciones Cannábicas denunció ayer la «cerrazón» de Carmen Moya, delegada del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, y reiteró sus exigencias para que el cannabis se equipare a las drogas legales.

Después de felicitarse por la gran acogida de la marcha mundial de la marihuana celebrada el 6 de mayo en Madrid, Vigo, León y Málaga, el presidente del colectivo, Martín Barriuso, detalló los principales puntos recogidos en la misiva que han enviado a Moya. Junto a un mayor diálogo, exigen que las Fuerzas de Seguridad pongan fin a los continuos «registros injustificados» y «cacheos humillantes» que realizan.

En este sentido, Barriuso aseguró que las multas se han multiplicado por seis en los últimos años, mientras que el consumo se ha duplicado. «Esto demuestra la inutilidad de las sanciones», justificó. Otra de sus exigencias también se dirige a la Policía, en concreto, para que no intervenga en cultivos sin indicios de tráfico.