El juez Fernando Grande-Marlaska imputó ayer a Arnaldo Otegi y a los principales líderes de Batasuna un delito de amenazas terroristas por considerar que chantajean al Estado y a la sociedad con el hipotético retorno de los asesinatos de ETA si no se abre de inmediato una negociación política o si la Audiencia Nacional decide la próxima semana encarcelar a ocho miembros de la nueva mesa nacional de la formación ilegalizada.

Grande-Marlaska amplió con este delito de amenazas terroristas las imputaciones -pertenencia a banda armada y otros- que pesan sobre los ocho miembros de la nueva mesa nacional de Batasuna que están citados a declarar en la Audiencia Nacional el miércoles y jueves próximos por la elección clandestina, en marzo pasado, de los nuevos miembros del máximo órgano de dirección del partido proscrito.

El magistrado tiene previsto determinar si Otegi, Rufi Etxeberria, Karmelo Landa, Jon Gorrotxategi, Joseba Permach, Juan Cruz Aldasoro, Pernando Barrena y Joseba Álvarez incurrieron en una reiteración delictiva al violar, con la renovación de la mesa nacional, el auto de suspensión total de actividades de la formación por espacio de dos años, dictado en enero pasado por el instructor del sumario sobre Batasuna.

Sin embargo, Grande-Marlaska añade que «con posterioridad a dicho evento» -la mencionada rueda de prensa celebrada en Pamplona el 24 de marzo-, se han producido «nuevos hechos» que revisten «los caracteres de delito y aconsejan ampliar el contenido de esas declaraciones».

El primero de esos hechos es, según el juez, la constitución este pasado miércoles por parte de Batasuna «de una comisión destinada a integrar la mesa de partidos» y las declaraciones efectuadas durante su presentación por parte de Arnaldo Otegi. El portavoz de Batasuna advirtió de que el proceso de paz atraviesa un momento de «extrema gravedad» tras las nuevas citaciones judiciales.

A esto se suman las manifestaciones hechas el jueves por Joseba Permach, quien señaló que, si son encarcelados los ocho miembros de la mesa nacional citados a declarar en la Audiencia Nacional, «el proceso entrará en situación de bloqueo». Además, según Grande-Marlaska, «todo lo anterior debe ponerse en relación con la entrevista concedida por miembros de la organización terrorista ETA al diario 'Gara' el pasado 14 de mayo».

El juez de la Audiencia Nacional considera en el auto dictado ayer que todas estas cuestiones demuestran que el 'frente político' y el 'militar' de la banda mantienen una estrategia conjunta, «tratando de hacer depender una concreta y alegada situación de ausencia de violencia y de otras conductas criminales de un concreto comportamiento de contrario por parte de los poderes legítimos del Estado».

Grande-Marlaska, por tanto, amplía la imputación a los ocho dirigentes a las amenazas de carácter terrorista porque cree que Batasuna chantajea con la ruptura del alto el fuego permanente iniciado el pasado 24 de marzo si el Gobierno no cede a sus exigencias. El auto concluye que las declaraciones de la cúpula del partido ilegalizado «hacen depender explícitamente el cese de la violencia del 'frente militar' de la organización terrorista de unos determinados factores, tratando de generar un temor racional en la sociedad, caso de sustraerse a la voluntad de quien materializa tales expresiones».

La decisión del juez resuelve un problema de técnica jurídica. En la práctica, es difícil exigir responsabilidades penales a los ocho imputados por la designación de una comisión negociadora de seis miembros para participar en una hipotética mesa de partidos, algo que no es ilegal. Pero sí puede hacerse si esa iniciativa se aborda como actuación de un partido ilegalizado y se pone en relación con las declaraciones públicas de Otegi y Permach de esta semana sobre el «bloqueo» y «colapso» que sufrirá el proceso de paz en el caso de que no se acepten sus exigencias, que son el inicio de la negociación política y el fin de la persecución judicial a Batasuna.

La AVT pedirá prisión

Las comparecencias de la semana próxima pondrán de nuevo al magistrado del Juzgado Central de Instrucción 5 ante la disyuntiva de encarcelar o no a Otegi y al resto de los procesados. La Fiscalía de la Audiencia Nacional no parece tener claro si cabe modificar la situación de libertad provisional o bajo fianza de los imputados, pero las dos acusaciones particulares -Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) y Dignidad y Justicia (DyJ)- anunciaron ayer que exigirán a Grande-Marlaska la celebración de las correspondientes 'vistillas' y pedirán al juez el encarcelamiento de Otegi y el de buena parte del resto de los dirigentes citados.

El abogado de DyJ presentó también ayer un escrito en el juzgado en el que pide al magistrado que amplíe la imputación y cite a declarar en los próximos días al resto de los miembros de la nueva mesa nacional, compuesta de una treintena de personas, que fueron elegidas de forma clandestina el 16 de marzo en la discoteca Jam de Bergara y presentadas en público el 24 de marzo, durante una rueda de prensa en el Hotel Tres Reyes de Pamplona.

El juez, a petición del fiscal, sólo citó a declarar por estos hechos a los ocho miembros de la nueva cúpula de Batasuna que ya estaban procesados en el sumario, por entender que ellos sabían de forma «fehaciente» que con su actuación violaban la orden de suspensión de actividades, cosa que no le constaba del resto. El acusador público dijo que, a la vista de estos interrogatorios, vería si ampliaba las imputaciones al resto de la mesa nacional. La asociación de víctimas DyJ también ha pedido a Grande-Marlaska que cite como imputados a los dos únicos miembros de la comisión negociadora de Batasuna, Elena Urabaien y Arantza Santesteban, que no pertenecen a la nueva dirección del partido ilegalizado.