El Gobierno, así como huye de la confrontación con el PP por el proceso de paz, hizo ayer lo propio con Batasuna y evitó polemizar sobre las recientes advertencias de dirigentes del partido ilegal sobre la, en su opinión, delicada situación creada con los procesos judiciales abiertos. «No vamos a polemizar con una organización ilegal» que, según la vicepresidenta primera, sabe lo que «tiene que hacer: condena expresa de la violencia y someterse a la Ley de Partidos». María Teresa Fernández de la Vega, al mismo tiempo, hizo un llamamiento a Mariano Rajoy a reforzar el consenso labrado con José Luis Rodríguez Zapatero sobre la forma de encarar el proceso de paz.

Fernández de la Vega intentó mantener con Batasuna el mismo tono que con el PP y se negó a valorar las recientes declaraciones del dirigente Joseba Permach y del secretario general de LAB, Rafa Díez Usabiaga, sobre las dificultades que, en su opinión, atraviesa el proceso abierto tras el alto el fuego. Advirtió a la formación ilegalizada de que no espere medidas de excepción por parte del Gobierno porque «a la legalidad sólo se vuelve por la legalidad», y en un Estado de Derecho «no hay paréntesis ni espacios en blanco».

La portavoz gubernamental defendió las actuaciones del Poder Judicial, ya que ponen de manifiesto que las instituciones «funcionan con absoluta normalidad» sin interferencias de ningún tipo. Fernández de la Vega puntualizó que no iba a hacer ningún comentario sobre las últimas decisiones de la Audiencia Nacional.

Fuentes gubernamentales no dieron especial relevancia a las palabras de Permach y Díez Usabiaga y las atribuyeron a necesidades de «consumo interno» para «asomar la cabeza» entre los suyos. Batasuna busca, agregaron estas fuentes, dar la sensación de que lleva la iniciativa y que no se va a plegar ante todos los planteamientos del Gobierno. La Moncloa reiteró el mensaje de las últimas semanas al partido ilegal en el sentido de que tiene que asumir que en un Estado de Derecho los poderes son independientes y que el Ejecutivo no puede mediatizar la actuación de los jueces ni derogar las leyes cuando quiera.

La vicepresidenta primera hizo asimismo un llamamiento a Rajoy a reforzar el consenso existente sobre el proceso de paz porque «el concurso» del principal partido de la oposición es «absolutamente imprescindible» para que la operación llegue a buen puerto. Señaló que el Ejecutivo «confía y espera» que el líder opositor esté al lado de Rodríguez Zapatero cuando se abra el diálogo con ETA. Esa unidad, agregó, es «la voluntad de la mayoría» de los ciudadanos.

Sostuvo que la identidad de puntos de vista entre el presidente del Gobierno y el líder opositor «hoy es mayor que ayer» y es de esperar que sea «menos que mañana». Restó importancia a las diferencias con el PP por el proceso de paz -son «tensiones verbales», dijo- porque «lo sensato, razonable y responsable» es que los dos partidos mayoritarios trabajen juntos por el final de la violencia, y el dato relevante es que «Rajoy ha expresado su apoyo» al presidente del Gobierno y «confiamos» que en los momentos decisivos «esté a su lado».

La consigna que circula en el Ejecutivo y la dirección del PSOE es «cuidar» a Rajoy, y por esta razón nadie salió a responder a Ángel Acebes cuando el pasado lunes dijo que el presidente del Gobierno no tenía el aval del PP para hablar con ETA.

Derecho de la AVT

La vicepresidenta, tras la reunión del Consejo de Ministros, siguió las instrucciones dadas por Rodríguez Zapatero y evitó polemizar con el PP. Se negó siquiera a opinar sobre la denuncia que presentó ayer el diputado popular Jaime Ignacio del Burgo contra Otegi y los otros cinco integrantes de la comisión negociadora de Batasuna por la, a su juicio, pasividad de la Fiscalía ante la actividad de un partido ilegal. «El Gobierno no comenta las actuaciones de un diputado del PP», dijo.

Fernández de la Vega se negó a hacer un juicio de valor sobre la manifestación convocada el próximo 10 de junio por la Asociación de Víctimas del Terrorismo para rechazar cualquier diálogo con ETA. La AVT, apuntó, tiene «perfecto derecho» a manifestarse, pero el Gobierno «cuenta con el apoyo de la mayoría de las víctimas» en su estrategia para lograr el final de la violencia, además del de «la totalidad de las fuerzas políticas y de la gran mayoría de los ciudadanos».