La desarticulación en Tarragona, por parte de la Guardia Civil, de una banda de ladrones a la que se le imputa un centenar de robos en viviendas, ha moderado la tensión en las zonas costeras del Mediterráneo y en Madrid, ante una actividad delictiva de una inhabitual violencia y preparación. Ayer llegaban a Cataluña nuevas dotaciones de guardias civiles, mientras el ministro de Interior confirmaba el despliegue de 4.000 efectivos por toda España para luchar contra una nueva modalidad de crimen protagonizada por grupos bien adiestrados y tecnológica y operativamente muy capaces. Esta misma semana, en su comparecencia en el Senado, el presidente José Luis Rodríguez Zapatero aseguró que la lucha contra ésta y otras formas de delincuencia organizada constituye una de las prioridades del Ejecutivo, y anunció la creación del Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado -en el que se integrará toda la información nacional e internacional disponible-, así como la activación de grupos de respuesta especial tanto en el Cuerpo Nacional de Policía como en la Guardia Civil. Decisiones que no hacen sino confirmar la falta de medios y la ineficacia con que en la actualidad eran afrontados estos delitos.

Es correcto, y hasta obligado, que el Ejecutivo reaccione con prontitud ante las necesidades específicas de sectores ciudadanos concretos, como es el caso de esas zonas de Cataluña especialmente afectadas. Pero de lo que no hay duda es de que en la mayoría de las ocasiones la inseguridad proviene de faltas de previsión frente a crecimientos urbanos que no son acompañados por los correspondientes despliegues de fuerzas de seguridad. En general, las nuevas urbanizaciones litorales o los desarrollos urbanos de la periferia de las grandes ciudades no entran en las previsiones de Interior o lo hacen tarde y únicamente cuando el vacío policial ya ha sido aprovechado por los delincuentes. La solución de la inseguridad no pasa por la aplicación ocasional de efectivos extraordinarios, sino por una buena planificación de las tareas de los distintos cuerpos policiales, que deben coordinarse perfectamente entre sí. Y si el Gobierno no lo ha logrado aún con la Policía Nacional y la Guardia Civil, más difícil será hacer lo propio entre estos cuerpos estatales y las policías autonómicas y locales. Pero ha de conseguirse, porque va en ello nada menos que la seguridad de la ciudadanía. Y más ante un nuevo y peligroso tipo de delincuencia organizada.