El fiscal general de Estados Unidos, Alberto Gonzales, y el director del FBI, Robert Mueller, han amenazado a la Casa Blanca con dimitir si les obligaba a entregar el material incautado en el registro a la oficina de un congresista, informan ayer varios medios de comunicación estadounidenses. Otros altos cargos del Departamento de Justicia, incluido el lugarteniente de Gonzales, Paul McNulty, también pusieron su cargo encima de la mesa.

El conflicto entre la Administración Bush y los principales directivos de justicia norteamericanos no derivó en renuncias porque el presidente ordenó el jueves que las pruebas fueran selladas y colocadas bajo la custodia del abogado que representa al Gobierno federal en las causas ante el Tribunal Supremo.

Ahora está en disputa el derecho de las autoridades policiales federales a realizar un registro en las oficinas del legislador demócrata William Jefferson, quien presuntamente aceptó sobornos y cuya oficina en la Cámara de Representantes ha sido ocupada por agentes federales.

Al tratarse del primer registro de ese tipo en la historia de Estados Unidos, los colegas de Jefferson en el Congreso pusieron el grito en el cielo, con el argumento de que fue inconstitucional al violar la separación de poderes. El abanderado de las críticas ha sido el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Dennis Hastert, secundado por la líder de los demócratas, Nancy Pelosi. Ambos han solicitado la devolución de todo lo incautado.

El FBI abrió en marzo de 2005 un expediente en relación con las actividades de Jefferson, que representa un distrito de Luisiana.

En julio, un empresario grabó con cámara oculta el momento en que recibía un soborno de 178.400 euros. En agosto, la Policía registró su domicilio familiar en Washington y encontró 70.560 euros en el congelador.