El alcalde de Portugalete, Mikel Cabieces, visita regularmente las lonjas juveniles para cerciorarse de su correcto funcionamiento y establecer puentes de comunicación con las cuadrillas que las gestionan. EL CORREO participó hace varios días en uno de estos encuentros y pudo comprobar la buena aceptación de la iniciativa entre los inquilinos, cuyas edades oscilan entre los 17 y los 31 años. La mayoría asegura tener más garantías desde que el Ayuntamiento instauró, hace año y medio, la ordenanza reguladora de estos locales. Los más lanzados aprovecharon el clima distendido de las reuniones para acosar al regidor con sus demandas.

«La juventud necesita sitios donde estar a su aire y la sociedad parece mirar a las lonjas; en lugar de poner barreras a esta tendencia, creímos que lo justo era buscar un equilibrio que salvaguarde los derechos de todos, chavales y vecinos», subrayó Cabieces. La idea le llegó a través del e-mail de un joven al que le acababan de cerrar su local. El correo electrónico le reprochaba que las nuevas generaciones carecen de espacio libre en la calle y le recordaba que las lonjas podían ser una buena solución.

Gestión «racional»

El alcalde cogió el guante y encargó al área municipal de Drogodependencias una ordenanza que facilitase una gestión «racional» de estos recintos. Los propios jóvenes colaboraron en su confección. El documento fijó derechos y obligaciones como disponer de baño, seguro o extintores. Tener una placa con el aforo máximo del local o la prohibición de cocinar son otras de las normas exigidas. Desde entonces el Ayuntamiento ha llegado a tener censadas hasta 60 lonjas, aunque en la actualidad sólo quedan abiertas poco más de una veintena, ya que entre las cuadrillas hay mucha movilidad.

Asier, Alfonso, Nacho y Richar fueron los primeros en asumir la normativa, pionera en el País Vasco. Su cuadrilla tiene una lonja en el barrio de Buenavista desde hace siete años. Para sobrevivir tanto tiempo, los propios jóvenes comprendieron la necesidad de establecer sus propias reglas y, desde un principio, redactaron unos estatutos «que controlan hasta a quién le toca limpiar el baño».

Cada uno paga 20 euros al mes para cubrir el alquiler, el seguro de responsabilidad civil y los gastos menores. Son muy estrictos con eso. El que se hace el remolón abona tres euros de multa por día de retraso. No obstante, a pesar de su lastrada economía, los inquilinos del bajo no se privan de nada. Tienen dos televisiones, Play Station, DVD... Hasta plataforma digital para ver partidos y películas de pago.

Ahora ya no temen que el día menos pensado les cierren la lonja. «Antes, con que un vecino nos denunciase, con razón o sin ella, estábamos vendidos», reconoce Asier. La ordenanza les dio seguridad porque, entre otras medidas, «incluye la mediación directa de técnicos municipales con la comunidad».

El Ayuntamiento ha aprovechado la ocasión para promover una actitud responsable entre los jóvenes e informarles sobre sexualidad y prevención de drogas. Su intervención también ha permitido desterrar el mito de que en las lonjas se venden sustancias estupefacientes o que son antros de perversión sexual. «Al que 'trapichea' no le interesa estar controlado y, de lo otro, aquí... ni jugamos a los médicos», aseguran entre risas.