Esta semana, ocho dirigentes de Batasuna tendrán que comparecer de nuevo en la Audiencia Nacional para dar cuenta de sus actividades como parte de una organización declarada ilegal por los tribunales. La izquierda abertzale lleva unos cuantos días tocando las campanas a rebato y anunciando la llegada de todas las plagas de Egipto si sus dirigentes son encarcelados.

Pero esto ya lo hemos vivido antes otras veces: en 1997 cuando se condenó a la Mesa Nacional de HB por intentar difundir un vídeo de ETA, o seis años después cuando este partido fue ilegalizado. Hasta los obispos amenazaron entonces con las penas del infierno. Y no pasó nada. Bueno sí: el Estado mostró su firmeza, ganó espacios la libertad y retrocedieron quienes apoyaban la violencia.

Al igual que ocurrió en enero cuando la Justicia prohibió el congreso que querían celebrar en Baracaldo, Batasuna descubre que el Estado de Derecho es más complejo y coherente de lo que le gustaría y que los jueces tienen la obligación de hacer cumplir las sentencias llueva o haga sol.

Los dirigentes de la izquierda abertzale llevan semanas sembrando de advertencias amenazadoras los titulares de la prensa para tratar de frenar la acción de la Justicia. Dicen que está en peligro «el proceso» nada menos, que son días críticos. Incluso en los alrededores del Gobierno andan con la preocupación a flor de piel como si el alarmismo que siembra Batasuna hubiera echado raíces en las filas del Ejecutivo.

La actuación judicial pone en evidencia que Batasuna tiene un gran problema con la ilegalización, pero los caminos para salir de ella están fijados en las mismas resoluciones que pusieron a este partido fuera de la ley y consisten, básicamente, en el rechazo de la violencia. Por tanto, o Batasuna se desmarca de ETA o procura acelerar la renuncia a las armas.

En ambas situaciones Otegi y los suyos recuperarían la capacidad legal que hoy no tienen. Fuera de ese camino legal no hay atajos ni trampas que les permitan ganar este pulso al Estado democrático.

La presión de los tribunales no constituye, por tanto, un obstáculo para la paz, sino el principal acicate para que ETA y Batasuna se decidan a dar pasos para conseguirla. El juez Grande Marlaska es hoy el mejor aliado que pueden tener quienes dentro de ETA desean el abandono de las armas en la pugna subterránea con quienes abogan por volver al terrorismo.

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