El Consejo de Ministros de la Unión Europea alcanzó ayer un acuerdo sobre la controvertida directiva de servicios de la UE, que todos los socios votaron favorablemente, salvo Lituania, que se abstuvo. Así concluye un debate trascendental para la liberalización de aspectos significativos de un sector clave de la economía comunitaria.

La decisión, que será convalidada por los líderes europeos a mediados de junio, se construyó en torno a una propuesta de compromiso presentada por la presidencia austriaca a media tarde. En ella se establecía que los socios de la UE estarán obligados a transmitir a la Comisión todos los requisitos y obstáculos a la libre prestación de servicios que existan en su legislación. Bruselas elaborará cada año un análisis y orientaciones para los países.

Francia y Alemania, que constituyen el núcleo más conservador, pidieron que la transposición a los ordenamientos nacionales se produzca en tres años, como al final fue acordado. España se adhirió a esas tesis, no sin expresar ciertos recelos, comparetidos por Italia, por el tratamiento dado a la actividad de notarios y abogados, que en el compromiso final fue dejada al margen de la directiva.

El Reino Unido se declaraba también satisfecho en términos generales, aunque deseaba, como Polonia, una declaración de la Comisión sobre las excepciones a la norma en virtud de un procedimiento establecido en el artículo 41-5. Precisamente este punto, el procedimiento a seguir por los estados miembros para excluir una actividad del ámbito de aplicación de la directiva, constituyó el eje de las demandas de los países más liberales -muchos de ellos, nuevos socios de la UE, además de Holanda-, que al final rebajaron sus pretensiones en aras de un consenso de los Veinticinco.