El Tribunal europeo de justicia ha desestimado los recursos de casación interpuestos por la Diputación de Vizcaya y la compañía P & O Ferries contra una sentencia de la Corte de Primera Instancia de la UE pronunciada el 5 de agosto de 2003. En su fallo, el tribunal desestimaba los recursos de anulación interpuestos por ambas entidades contra una Decisión de la Comisión de noviembre de 2000 que consideraba ayuda de Estado ilegal el convenio suscrito por las entidades públicas vascas con la empresa marítima para poner en marcha la línea de ferry Bilbao-Porstmouth.

En 1992, la Diputación, el Gobierno vasco y P&O European Ferries suscribieron un acuerdo para la creación de un enlace marítimo para vehículos, mercancías y pasajeros entre Bilbao y Portsmouth. En virtud del pacto, las dos entidades públicas vascas se comprometían a adquirir 22.000 bonos de viaje para esa línea marítima entre 1993 y 1996, por un importe máximo de 911,8 millones de pesetas.

Brittany Feries, nombre comercial de la empresa Bretagne Anglaterre Irlande, que explotaba por entonces, y desde hacía ya años, una línea marítima de ferry entre Santander y Plymouth, en el Reino Unido, denunció a la Comisión europea (en septiembre de 1992) las ayudas acordadas para el enlace Bilbao-Porstmouth. Un año más tarde, en septiembre de 2003, la Comisión puso en marcha un procedimiento de infracción al amparo de lo estipulado en el Tratado para las ayudas ilegales de Estado.

Las autoridades vascas contestaron modificando los términos del acuerdo: el Gobierno vasco se retiró de la operación mientras que la Diputación exigió intereses por el dinero librado a P&O, el cual, al mismo tiempo, aumentaba hasta 985,5 millones de pesetas para el periodo comprendido entre enero de 1995 y diciembre de 1998. Con estos datos, la Comisión decidió archivar el procedimiento de infracción, pero el Tribunal de Primera Instancia le obligó en 1999 a reabrirlo, al fallar que había interpretado erróneamente la normativa sobre ayudas de Estado. En 2000, la Comisión condenó las ayudas por ilegales.

La Diputación y P&O recurrieron la decisión, pero sus demandas fueron desestimadas en 2003, como este jueves sucedió con las interpuestas en casación. La línea de ferry Bilbao-Plymouth no está servida por P&O desde hace años. En su lugar hay un nuevo servicio que presta una embarcación de Transmediterránea.