La diputada socialista Inmaculada Ortega ahondó ayer en el asunto de la recalificación de 230 hectáreas en el enclave de Pico del Águila, en Lardero, para asegurar que la operación es, «además de un grave atentado a la ordenación urbanística, un grave atentado contra el medio ambiente».

Ortega se quejó de que la nueva calificación de esos terrenos destruirá «la única dehesa del valle del Iregua», advirtiendo de que el Gobierno regional debería haber «intervenido antes del cambio de uso del Pico del Águila» y acusando a la Administración de Sanz de poner «el interés especulativo por encima del interés medioambiental» y de vulnerar leyes.

La parlamentaria del PSOE recordó que en la zona del Pico del Águila, con una extensión de 290 hectáreas, existe desde el año 1979 una cantera de extracción de arcillas de 1,1 millón de metros cuadrados, propiedad de Herederos de Cerámicas Sampedro.

Según explicó, la Ley de Minas establece que las canteras deben estar en terrenos no urbanizables de carácter forestal «y con la recalificación quedan dentro de la nueva calificación del suelo como urbanizable no delimitado». A esta circunstancia se une el hecho de que sus propietarios han solicitado la ampliación de la concesión de explotación por 30 años, «por lo cual se entiende menos la urbanización de este terreno», apuntó.

Ortega reiteró que la operación urbanística promovida por Residencial Valparaíso, y según la cual podrían construirse más de 4.500 viviendas, contraviene la Ley de Ordenación del Territorio que «marca claramente que las explotaciones mineras deben estar en suelos no urbanizables».

La responsable socialista censuró a la Comunidad Autónoma por hacer «caso omiso de sus competencias» y por no primar «la conservación y mejora de sus recursos naturales». Además, no cree que vaya a construirse el gran parque público de 50 hectáreas anunciado por el PP «porque los promotores no van a perder un sólo metro cuadrado».

Ortega anunció que su grupo presentará alegaciones y aseveró que, en función de la respuesta de la Comisión Regional de Urbanismo, podría acudir a los tribunales.