Las instituciones han recuperado la senda del acuerdo para soterrar la línea de mercancías de Feve a su paso por el barrio bilbaíno de Irala, un proyecto que había conseguido dividir a las administraciones presentes en Bilbao Ría 2000 a pesar de contar con todo su apoyo. Hasta la fecha, el debate sobre la necesidad de eliminar el tramo ferroviario se había saldado con pronunciamientos más o menos partidistas por parte de sus socios. Sin una visión unitaria de cómo gestionar la obra y, sobre todo, de cómo pagarla, se llegó incluso a la rocambolesca situación de que cada cual, en público o en privado, anunciaba su disposición a financiar parte de la operación. Eso es lo que ocurrió en el último consejo de Ría 2000 en marzo, al calor de las últimas reivindicaciones vecinales.

Con una celeridad inusitada, las instituciones han necesitado poco más de dos meses para limar sus diferencias y dar forma a uno de esos pactos de las grandes ocasiones. No sólo han decidido eliminar la trinchera que separa Rekalde y Amezola, sino que ya han calculado su presupuesto y la forma de sufragarlo. Con una obra que costará 24 millones, este sería el reparto: Feve, titular de la vía, aportaría 9,5 millones -con el respaldo de Fomento-; el Ayuntamiento de Bilbao, 6,2; la Diputación, otro tanto; y Ría 2000, 2,3 millones. El acuerdo será firmado hoy en el Consistorio por el diputado general, José Luis Bilbao; el alcalde y presidente de la sociedad urbanística, Iñaki Azkuna; y el presidente de la empresa ferroviaria, Dimas Sañudo.

Proyecto de ejecución

Lo llaman «acuerdo de intenciones», pero se da por hecho que no hay marcha atrás. A partir de ahora, las instituciones deberán definir los detalles de la operación en un convenio y, a corto plazo, encargar el proyecto de ejecución de la obra. Para este último fin incluso está reservada una partida de 500.000 euros, pactada por el PSOE e IU en Madrid con cargo a los presupuestos generales de este año tras más de un encontronazo de esos mismos partidos en Euskadi.

No han sido las únicas diferencias que han aflorado en este proceso, algunas de ellas capaces de desgastar políticamente a quienes luego son socios en Ría 2000. El año pasado, las protestas de los vecinos arreciaron al conocerse que el Ayuntamiento aplazaba el soterramiento por su alto coste. El Gobierno local alegaba que ya estaba en marcha la misma operación para la línea de viajeros a la altura de Basurto, cuyo coste ronda los 47 millones -el tramo es de 2,5 kilómetros-.

Hace dos meses, el diputado general anunció en solitario el compromiso foral para cofinanciar el tajo tras un consejo de Ría 2000. El equipo de Azkuna no quiso quedarse atrás y dijo que echaría una mano, siempre que Feve hiciera lo propio, subrayó. Días más tarde, en una inauguración en el parque de Doña Casilda, Sañudo pidió «calma» para abordar un reto que hoy, finalmente, será presentado al alimón por los tres protagonistas.