El Tribunal Supremo ha decidido anular un artículo del Real Decreto aprobado en febrero de 2004 por el que se desarrollaba la ley reguladora del Fondo de Reserva de la Seguridad Social y que impedía a ELA y la Confederación Intersindical Gallega (CIG) participar en la comisión de seguimiento de esta dotación. En dos sentencias, el Supremo acepta las demandas presentadas por la central que lidera José Elorrieta y por la CIG, que alegaban haber obtenido el 40,81% y el 26,21% del total de los representantes sindicales elegidos en 2003 el País Vasco y Galicia, respectivamente, y recordaban su integración en otros organismos de participación institucional como el Consejo General de Instituto General de la Seguridad Social.

Actualmente, junto a cinco representantes de la Administración Pública y otros cuatro del empreariado, forman parte de esta comisión responsables de CC OO y UGT. El Supremo explica en la sentencia que el Real Decreto 337/2004 «restringe los términos de la Ley reguladora del Fondo de Reserva de la Seguridad Social, pues ésta habla de cuatro representantes de los sindicatos de mayor implantación y el Real Decreto ya sólo habla de dos sindicatos de mayor implantación». Por tanto, «dadas la finalidad y cometido» de esta comisión de seguimiento, a juicio del Supremo , «más se satisface el cumplimiento de sus obligaciones oyendo a cuatro voces de distintos sindicatos, que oyendo dos veces a los mismos sindicatos».