La capital europea ha caído bajo el ojo verde del radar y la gente está que echa pestes. La cosa se veía venir. Tras las experiencias -los que las promovieron dicen que positivas-- de Flandes y Valonia, donde estos ingenios hicieron su aparición años atrás para frenar la tasa de mortalidad en las carreteras, su llegada a Bruselas era cosa de tiempo. El pasadol 1 de marzo comenzó un despliegue de 12 cámaras y 34 receptáculos para albergarlas en puntos delicados del mallaje viario, que concluirá el año que viene cuando la villa -un millón de habitantes sobre una superficie equivalente a la de Madrid- se encontrará permanentemente bajo escrutinio de radar, a partir de 30 cámaras distribuidas alternativamente en 90 nichos, con una inversión próxima a los 6 millones de euros.

Por lo que en Valonia y Flandes ha sucedido estos últimos años con esto de los radares cabe deducir dos cosas: la gente está mayoritariamente en contra de los automovilistas desaprensivos, pero esa misma gente es abiertamente contraria a que políticos y policías abusen de ella con la excusa de los radares.

Los límites de velocidad están establecidos según zonas, por el potencial de riesgo que comportan: 120 kilómetros por hora en las autopistas, 90 en la red general, 70 en las arterias principales en ciudad, 50 en núcleos urbanos y túneles y un sinfín de gradaciones más, que concluyen con los 30 km/h en las zonas residenciales.

Pero una cosa es confiar la observancia de la norma a la apreciación de un policía, y otra bien distinta encargárselo a un radar. Los radares son precisos y los belgas han comenzado a verse sancionados por circular a 36 kilómetros por hora donde sólo podrían hacerlo a 30, lo que no deja de parecer un antojo del operador de la maquinita o de quien interpreta sus resultados.

Porque todo este despliegue tecnológico no ha venido precedido por una reconsideración de límites de velocidad. ¿Es sensato exigir 50 kilómetros a la hora en un túnel recto y perfectamente iluminado, con dos carriles por cada sentido de marcha? ¿Y 120 en una autopista soberbia de cuatro carriles también por cada sentido de marcha, que además está vacía?

Hace unos días se jubiló Michel Leysen, quien durante 20 años ha sido el primer responsable de la fiscalía de Bruselas para las infracciones de circulación. Sus declaraciones a un medio informativo local no tenían desperdicio: «Vivimos una época de 'maccarthismo' en la represión del tráfico ( ) Si aplicamos las disposiciones en vigor, ciertas infracciones combinadas, como dos ruedas sobre la acera en un paso de peatones, alcanzan los 800 euros de multa. ¿Es el delirio!». Leysen considera ridículo exigir 50 kilómetros por hora en los túneles de Bruselas, o los 120 de las autopistas.

No parece que le vayan a hacer caso. El ministro bruselense de la Mobilidad, Pascal Smet, dice que los municipios concernidos por el problema -Bruselas no es una ciudad, sino 19, cada una de ellas con su ayuntamiento, alcalde y concejales-, no le han comunicado nada, de modo que él, a lo suyo: los 50 kilómetros por hora. ¿Ah!, las ventajas de la dilución de responsabilidades en el delicuescente Estado belga

Máquinas fiables

Aunque probablemente Smet sea más consciente que la ciudadanía de las dificultades que entraña en Bélgica cambiar un límite de velocidad. Cuando la seguridad del tráfico rodado se convirtió en una prioridad para las autoridades belgas, en 2002, siete ministros regionales y federales, con competencias en la materia, tuvieron que reunirse para ponerse de acuerdo. Ya se sabe que Bélgica tenía en la época más ministros que la extinta Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y por supuesto que mantiene el punto con la actual Rusia, aunque eso sea algo más fácil.

Luego resulta, además, que sobre la precisión de los radares pesan dudas razonables. En octubre de 2003, la entonces ministra flamenca de Economía, Fientje Moerman, reconoció públicamente que sin calibrado preciso de las máquinas, los resultados falsos eran más que probables. Las declaraciones tuvieron una enorme repercusión, porque el calibrado es una responsabilidad que atañe, precisamente, al Ministerio de Economía. Miles de automovilistas recurrieron a los tribunales sus sanciones. Ahora, la Policía dice que las máquinas son mucho más fiables, y que van a eliminar el margen de tolerancia que aplican a los registros de radar. ¿Para imponer multas de 1.375 euros por rodar a 36 kilómetros/hora? En la calle ha habido llamamientos a la desobediencia civil.