Acosada por un masivo movimiento estudiantil que exige cambios, la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, emplazó ayer a la oposición derechista en el Congreso a respaldar un proyecto oficial que garantiza el derecho a una educación de calidad y deriva al Estado la responsabilidad del control de calidad. El proyecto, rechazado por la derecha, es una de las promesas hechas por Bachelet a los estudiantes de secundaria, que tienen en jaque al Gobierno socialista desde hace casi un mes.

Tras una jornada de paro nacional en todo el país, los estudiantes se reunieron ayer en asamblea para someter a votación la aparente voluntad reformista del Ejecutivo y definir si levantan o mantienen las medidas de fuerza que se expresan mediante la ocupación de colegios, el paro de actividades y las marchas callejeras. Estas últimas suelen culminar en incidentes con la Policía y un elevado número de detenidos. Una manifestación el lunes en Santiago terminó con 439 detenidos y 35 heridos. Algunos activistas protagonizaron refriegas con la Policía y saquearon locales comerciales del centro de la ciudad.

Pero los choques violentos fueron la mínima expresión de un movimiento de un millón de estudiantes, en su mayoría de secundaria, pero también de básica y universitarios. En otras ciudades del norte, centro y sur del país los manifestantes se expresaron en las aulas o en las calles sin violencia. En Valparaíso, 120 kilómetros al oeste de Santiago, hubo una marcha de 12.000 alumnos y hasta en la lejana isla de Pascua, con un sólo centro de secundaria, los alumnos se plegaron al movimiento.

Los estudiantes exigen una profunda reforma a la Ley de Educación sancionada al final de la dictadura de Pinochet en 1990. Según los alumnos, en esa norma el derecho a la educación quedó subordinado a la libertad de enseñanza y desde su entrada en vigor se multiplicó la apertura de colegios y universidades privadas o subvencionadas, en perjuicio de la calidad.

Una encuesta realizada por el Centro de Políticas Públicas de la Universidad del Desarrollo indicó que el 83% de los consultados está de acuerdo con las demandas estudiantiles. Respecto de la pugna entre el Gobierno y el movimiento estudiantil, el 73% apoya a los jóvenes aunque en el momento de analizar las medidas de fuerza, los encuestados le restan respaldo. Más del 60% consideró que no se justifica ir al paro cuando Bachelet cedió en parte de las demandas.

Subvenciones

A raíz del movimiento estudiantil, la presidenta prometió ampliar las subvenciones al transporte para los escolares, amplió el número de becas para el examen de ingreso a la universidad, multiplicó el presupuesto para raciones alimenticias en las escuelas y para infraestructura y mobiliario.

También adelantó la reforma de Ley de Educación, que presentó ayer en el congreso. La oposición aceptaría una revisión acotada, pues argumentan que el avance del Estado en el control pone en peligro la libertad de enseñanza. La presidenta aseguró que los estudiantes estarán representados en un Consejo Asesor Presidencial, otra de las respuestas del Gobierno a las peticiones. El Consejo incluirá a distintos sectores de la sociedad, pero los estudiantes quieren el 50% de representación.