El Congreso instó ayer al Gobierno a reformar el Código Penal para introducir sanciones más severas contra las organizaciones delictivas implicadas en asaltos a viviendas. La solicitud forma parte de la principal resolución del debate sobre el estado de la nación aprobada ayer en la Cámara Baja con los votos del PSOE, CiU, PNV, Coalición Canaria e IU. La iniciativa fue -junto a una propuesta sobre seguridad vial avalada por todos los grupos salvo IU-ICV y una propuesta sobre inmigración- la que mayor respaldo concitó de todas las presentadas por los grupos tras el pleno de la semana pasada.

Después del alto el fuego de ETA, los problemas de inseguridad ciudadana y los retos del fenómeno de la inmigración ocuparon la mayor parte de los discursos pronunciados por los portavoces parlamentarios. El reflejo práctico de tantas horas de discusión fue sin embargo algo vago. Al margen del incremento de las sanciones para las bandas organizadas, el Congreso se limitó a solicitar una mayor coordinación y especialización de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y el despliegue de unidades especializadas en todo el Estado, incluida la periferia (un eufemismo para referirse a Cataluña).

El texto -que ERC rechazó por considerar que va «a rebufo» de la actualidad informativa- reclama además la «armonización» del Derecho Penal español y el europeo y solicita al fiscal general del Estado que dé a sus subordinados las «oportunas indicaciones» para que puedan solicitar la prisión provisional cuando se enfrenten ante este tipo de delitos, que han generado una gran alarma social en los últimos meses..

La votación de las resoluciones sirvió para escenificar la nueva inclinación del PSOE hacia Convergencia i Unió; un viraje que puede propiciar una imagen más centrada de su política de la que proporcionaba la alianza con ERC. Los nacionalistas sacaron adelante doce de sus 15 iniciativas gracias al apoyo de los socialistas; los republicanos, sólo pactaron una, la de inmigración. El portavoz de los socialistas en la Cámara Baja, Diego López Garrido, aseguró en cualquier caso que su intención es seguir siendo «fieles» a las relaciones entabladas en la investidura de José Luis Rodríguez Zapatero, es decir, a ERC y a Izquierda Unida.

«No ha habido movimiento por parte del Gobierno sino apertura a otros grupos», dijo López Garrido. Según él, el hecho de que CiU haya pasado en un año de la inanición absoluta - ni una sola de sus resoluciones salió adelante en el anterior debate- a una posición de fuerza, no obedece a una estrategia premeditada del PSOE.